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El pleno desarrollo del comercio electrónico tendrá el efecto de requerir nuevas funciones a los actores del comercio, hará anticuadas muchas de las prácticas actuales y exigirá nuevos marcos para su realización y consolidación. Esto afectará también a las infraestructuras que lo sustentan, al tiempo que propiciarán la aparición de nuevas entidades comerciales específicas del comercio electrónico.

Los campos en los que aparecerán estas nuevas exigencias pueden encontrarse en las áreas siguientes:

i ) Los comerciantes y los usuarios.

ii ) Las redes y terminales de comunicaciones.

iii ) Estructuración y organización del comercio.

iv ) Aspectos legales, económicos y monetarios.

Los comerciantes y usuarios exigirán que los nuevos procedimientos no impongan restricciones con respecto a los procedimientos tradicionales, al tiempo que necesitarán una nueva gama de servicios, mecanismos y dispositivos de garantía específicos del nuevo comercio.

Las comunicaciones –Internet– juegan la doble función de facilitar las relaciones comerciales

entre las partes y, a un tiempo, aportar la base de sus usuarios como la demanda potencial del comercio electrónico. Las comunicaciones deberán acomodarse a las necesidades del comercio electrónico.

Para su desarrollo total, el comercio electrónico requiere una nueva forma de organización y de estructuración del comercio, la entrada de tecnologías que lo sustenten y la aparición de nuevos agentes, cuyos servicios serán básicos para el nuevo comercio.

Finalmente, el comercio electrónico, como toda nueva actividad, se halla sin un marco regulatorio firme, y lo que es más importante, muchos aspectos adolecen de una orientación determinada a la hora de fijar este. Algunas de las pautas son una extensión de las existentes actualmente, pero la cantidad de nuevas cuestiones planteadas por el nuevo comercio y el número de nuevas necesidades hacen necesaria una revisión a fondo del marco actual.

El comercio tradicional ha venido funcionando durante siglos mediante pautas largamente establecidas, que responden a preferencias y necesidades de los usuarios, y que el comercio electrónico deberá heredar y satisfacer. Valgan como ejemplos las actuales exigencias para pagos en que se requiere prueba documental o la discreción requerida en ciertas compras suntuarias. La tabla 3.1 resume algunos de los principales requisitos que el nuevo comercio debe cumplir.

Tabla 3.1

RESUMEN DE EXIGENCIAS DE COMERCIANTES Y COMPRADORES. (p.46)

Esta pareja de términos, unidos por su estrecha proximidad, dan lugar a la autenticación, mediante la cual se garantiza la autenticidad del origen y destino de los datos y la de sus originantes, como identidad, validez de los medios de pago, etc. En esta relación, además, han de representar un papel importante los intermediarios de la legitimación en las transacciones, cuya responsabilidad ha de ser delimitada y diferenciada con respecto a otros intermediarios relacionados con la información, la comercialización y los medios de pago.

Esta es una de las áreas donde se trabaja más intensamente en la actualidad, y no sólo por su importancia intrínseca, sino por que plantea el problema de quién es el ente que puede garantizar la autenticidad –generalmente alguien sin intereses en la transacción comercial– y cuáles son los medios más apropiados. A pesar de los avances conseguidos, todavía se está en la fase de definición, que deberá tener finalmente un refrendo social y legal, y que está dando lugar a los notarios electrónicos.

Los datos de una transacción deben mantenerse íntegros y sin posibilidad de modificación malintencionada. La falta de integridad puede ser el medio para el fraude en el comercio, afectando a la naturaleza y cantidades del pedido, nombre del receptor, cantidades a pagar, etcétera. La misma integridad exigible a los datos de forma individualizada se requiere también para la transacción de forma global. Cada transacción formará un todo único, de forma que se evite la desintegración de una transacción, mediante la cual podrían producirse transacciones incompletas (pedidos entregados y luego no pagados, por ejemplo) y sus secuelas comerciales y económicas.

3.2.3 Confidencialidad (p.47)

Los comerciantes y usuarios desean que sus operaciones no sean conocidas por personas ajenas a la transacción y permanezcan confidenciales sus detalles globales, como cartera de clientes, hábitos de consumo, etcétera.

Mediante el anonimato, nadie llega a saber quién ha realizado la transacción. Así, se recupera

el anonimato que acompaña a las compras y pagos realizados en efectivo, en las que la operación no registra el nombre del comprador, ni es, por tanto, rastreable. El anonimato no es coincidente con la confidencialidad, ni queda garantizada por ésta, por lo que, cuando se deseen, deben garantizarse ambos requisitos de forma independiente.

Se corresponde con las seguridades que reciben las partes de que la operación en curso reúne las garantías necesarias para su finalización. El comercio exige también que las operaciones realizadas a través de los medios electrónicos impliquen compromisos –imputa-bilidad– de pago y entrega de bienes y servicios de los actores, de forma que no pueda producirse ni renuncia ni repudio de la operación sin previo acuerdo entre las partes.

En el comercio tradicional, gran parte de los documentos producidos con motivo de una transacción tiene fuerza legal, y suponen para los signatarios compromisos comerciales. El comercio electrónico exige un compromiso idéntico entre las partes, por lo que los medios de comunicación y los órganos de intermediación deberán garantizar que se contraen estos compromisos –confirmación– y darles así fuerza legal. Para ello, también se exige que se produzca un registro de las operaciones efectuadas, de forma que, en un momento dado, este registro pueda servir como prueba documental.

El sistema de comercio electrónico deberá disponer de mecanismos de pago rápidos, seguros y fiables. Este es, posiblemente, el aspecto que se halla más desarrollado hasta el momento, puesto que algunas soluciones actuales son la evolución de medios de pago ya existentes.

En principio, éstas han de ser semejantes a las de toda red de comunicaciones, aunque teniendo en cuenta que algunas de ellas son básicas para la generalización del comercio electrónico, su vara de medir ha de ser forzosamente específica. Dado su importante papel, se dedica el capítulo 4 a la descripción de su estado actual y previsiones de evolución. Aquí se hace referencia a los principales aspectos que deben satisfacer las comunicaciones.

En el pasado, los costes de las comunicaciones fueron determinantes, y posiblemente causantes, de la limitada introducción de las soluciones predecesoras del comercio electrónico. Internet exige un uso intensivo de las redes de comunicaciones, lo que clama por una reducción de los costes vigentes hasta ahora y una adaptación de las tarifas a los nuevos usos. Una forma previsible de hacer estos costes más asequibles en los próximos años es (p.48) compartiendo los accesos e infraestructuras de comunicaciones con otros usos, como, por ejemplo, los de televisión por cable .

Unos costes bajos son fundamentales para la generalización del comercio electrónico, especialmente en lo que respecta a las microtransacciones, que no estarían justificadas económicamente con unos costes de comunicaciones altos. Esta exigencia se refiere también a los terminales y sus aplicaciones, área en donde se registran costes decrecientes. Estos costes se podrán decrecer aún más con la aparición de terminales vacíos, con un equipado mínimo y cuyos programas y aplicaciones no residirán en el terminal del usuario, sino que serán descargados desde la propia red o, en ciertos casos, desde el centro comercial Web.

El problema de los costes de las comunicaciones puede agudizarse cuando el comercio electrónico exija redes de mayor capacidad y calidad de servicio, como con certeza ocurrirá en los ámbitos de la promoción con tecnologías multimedia, porque los primeros usos de esas redes no disfrutarán de unos costes de utilización tan benignos como los actuales, lo que podría suponer un freno al desarrollo de las etapas más avanzadas del comercio electrónico.

Este aspecto ha sido también un freno a la expansión de la informática dentro de las empresas, en donde, por razones históricas, logísticas, de costes, etc. podían coexistir en máquinas y entornos informáticos diferentes y de muy difícil migración, a lo que había que sumar una gran diversidad de aplicaciones que a veces hacían tareas redundantes.

Si bien el fenómeno no está plenamente resuelto, y como ejemplo puede citarse el efecto del año 2000, Internet a venido a suavizarlo mediante la creación de lenguajes y protocolos que son compatibles con múltiples equipos y entornos, a pesar de los problemas que presenta Internet a la hora de normalizar su propia red. El comercio electrónico, al adoptar Internet como soporte, se adscribe a un camino que tiende a erradicar muchos de los problemas de compatibilidad. Aun así, la plena compatibilidad exige un mayor desarrollo del cuadro normativo, en especial en lo que se refiere a temas de seguridad y de garantías, así como en lo relativo a interoperación entre distintas plataformas del comercio electrónico.

Las redes de soporte del comercio electrónico deben prestar unos servicios de comunicaciones rápidos y eficaces. Son múltiples los parámetros que caracterizan la calidad de los servicios de comunicaciones, como fiabilidad, disponibilidad, tiempos de respuesta, etcétera, que hoy por hoy no están absolutamente garantizados. Una de las razones es que Internet no es propiedad de nadie, de forma que los recursos de la red se van aportando de forma individual por los operadores de cada área geográfica, pero sin un control de lo que se hace en otras partes del mundo, por lo que la calidad de extremo a extremo de una comunicación es aleatoria. Así que, si bien la red Internet que ahora conocemos fue diseñada a prueba de fallos, esta característica, por si sola, no garantiza la calidad total necesaria.

Por otra parte, el comercio en Internet, en común con otras aplicaciones, tiene necesidades crecientes. Internet hoy día es justamente calificada como una red lenta e insuficiente para p.49)muchos usos, y el pleno desarrollo del comercio deberá esperar la implantación y uso ge-neralizado de las nuevas soluciones tecnológicas como la red digital de servicios integrados, Internet 2 o los servicios de banda ancha.

Dentro del modelo previsible de comercio electrónico, aparece la figura del intermediario para actuar como mediador entre los comerciantes y los compradores. El papel de estos intermediarios se realizará manteniendo unas relaciones directas con compradores y comerciantes que en muchos casos vendrán a reemplazar las tradicionales relaciones directas

del modelo comprador-vendedor. Estos intermediarios, según sus funciones, podrían agruparse de la forma siguiente:

i ) Relacionados con el acceso y manejo de la información.

ii ) Relacionados con la distribución.

iii ) Relacionados con los medios de pago.

iv ) Relacionados con los procedimientos de seguridad y de legalidad.

Los capítulos 4, 5 y 6 describen las formas de participación de los intermediarios relacionados con la información. Los capítulos 7 y 9 se dedican a los intermediarios de medios de pago. Finalmente, el capítulo 8 describe los medios y tecnologías relacionadas con la seguridad y la legalidad, y también los intermediarios que se requieren para llevar a cabo las ta-reas correspondientes.

Para entender la importancia de este grupo ha de tenerse en cuenta el fenómeno de la globalización del comercio y de la economía. La globalización está propiciando una presencia mundial de los negocios y creará una gigantesca oferta que la demanda, grandemente representada por pequeños comerciantes y consumidores aislados, no podrá apenas analizar de forma eficaz. Así pues, las principales funciones de los intermediarios de la distribución serán el análisis de datos por el lado de la oferta, y de adaptación de contenidos por el lado de la demanda.

Ellos deberán ser el considerados como los organizadores de los mercados por su papel central dentro del marco del comercio electrónico, manteniendo intensas y permanentes relaciones con comerciantes y consumidores. En este grupo figuran las nuevas organizaciones

aparecidas bajo la cobertura de las nuevas tecnologías, como tiendas, comunidades y galerías virtuales, que hoy día conllevan una gran parte del tráfico comercial.

La distribución de mercancías, cuando esta no puede hacerse por medios electrónicos, está adquiriendo una importancia creciente, debido entre otras razones a que organizaciones tradicionalmente especializadas en comercio, transporte y logística se van transformando en promotores del comercio, formando en la actualidad la vanguardia de fórmulas de comercio y alcanzando grados crecientes de integración con las restantes tareas del comercio electrónico.(p.50)

Las compañías y organizaciones de medios de pago funcionan en el comercio desde hace décadas. El comercio electrónico no hace sino aumentar su importancia. Aparecen como novedades las tecnologías de tarjetas inteligentes, el dinero electrónico y los micropagos.

Relacionados con los procedimientos de seguridad y de legalidad, han hecho su aparición recientemente nuevos tipos de intermediarios, denominados de diversas maneras como Terceras Partes de Confianza, Autoridades de Certificación, o Notarios Electrónicos.

El comercio electrónico, al apoyarse en Internet, hereda toda su incertidumbre legal y normativa. Los problemas más importantes, ampliamente descritos por la literatura al respecto, señalan los derechos a la intimidad y confidencialidad, la falsificación, el correo no

deseado, etcétera, como los más importantes. Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en aspectos tales como los límites jurisdiccionales de las autoridades fiscales o del tipo de leyes aplicables. Se producen vacíos legales en relación con los derechos de propiedad intelectual y de nombres de dominios. Otras áreas de difícil regulación se producen porque algunas de las prácticas o informaciones que podrían constituir una violación de derechos o leyes en unos países, son perfectamente legales en otros. Este aspecto

se hace más candente en cuanto más se extiende Internet a través de países con diferentes culturas.

Hoy en día, Internet parece regirse más por una serie de reglas no escritas de conducta, de ética y de etiqueta. La violación de estas reglas produce un rechazo general del mundo Internet, pero no existe un medio eficaz de control y, hoy por hoy, la sociedad civil desea el autocontrol, de forma semejante a la que se ha dado en otras áreas de las comunicaciones. Así pues, se discute si el comercio en Internet estaría mejor regido por códigos de conducta que por leyes de muy difícil aplicación. En el primer caso, los estados deberán asignar un papel importante a la sociedad civil y delegar en ella responsabilidades que antes les eran exclusivas, como las de normalización o resolución de conflictos. En el segundo, deberán regular la actividad, lo que tropieza con grandes dificultades, porque enfrenta las visiones de unos estados contra otros, y también se contraponen, como veremos, los derechos colectivos y los individuales. Ello está dando lugar a discusiones en varios ámbitos, como el de la seguridad en Internet, el de las organizaciones que la garantizan o en el de los emisores de dinero electrónico.

En la actualidad se trabaja intensamente en la búsqueda, no exenta de polémica, de soluciones

de compromiso que resuelvan el conflicto entre los derechos de los ciudadanos –a la confidencialidad– y el de los estados –a la fiscalización. Los estados son partidarios de to(p.51)das aquellas medidas que garantizan la seguridad del estado, y en el caso del comercio electrónico, hacer posible la fiscalización de los datos y del dinero electrónico, porque son las herramientas que utiliza a la hora de dificultar los delitos y el fraude. Sin embargo, son menos sensibles a los derechos de confidencialidad y anonimato, que dificultarían su labor de rastreo de delitos y de identificación de sus autores.

Los nuevos modos de comercio permiten hasta extremos indecibles el secreto y la confidencialidad de las personas que intervienen en las operaciones del comercio electrónico, de forma que los pagos electrónicos entre personas pueden quedar ocultos en el marco actualmente previsible y, por tanto, prestarse al fraude fiscal y al lavado de dinero.

En la actualidad se están especificando y desarrollando procedimientos y técnicas que permitan levantar la protección de las operaciones del comercio para poder investigar ciertas transacciones por parte de personas autorizadas. Estos procedimientos implican la creación de oficinas específicas de los gobiernos y la creación de técnicas especiales, pero su definición y regulación están siendo extremadamente complejas.

En la actualidad se está produciendo un elevado número de iniciativas que proporcionan soluciones al comercio electrónico, a partir de las cuales el uso diario irá haciendo una selección profunda. Según experiencias anteriores, se están produciendo relaciones entre empresas, como adquisiciones y fusiones, que en algunos casos podrían ser consideradas como contrarias a las políticas antimonopolio. Los actuales procesos judiciales a las empresas

Microsoft e Intel pueden servir de ejemplo.

A pesar de estos casos más notorios, predominan los criterios permisivos. Es opinión generalizada entre algunos gobiernos que una excesiva regulación de este campo en sus etapas iniciales supondría un freno para su desarrollo. Por ello, en la actualidad, estas acciones no están muy estrechamente vigiladas en los países en donde se producen, posiblemente debido a una actitud proteccionista hacia la actividad industrial y comercial, y generalmente se prefiere no ser excesivamente estrictos hasta no consolidar ciertos niveles de desarrollo de la industria informática y el comercio electrónico relacionados.

Se prevé que la emisión de dinero electrónico puedan hacerlo instituciones bancarias y no bancarias, grupos que parten de situaciones distintas. Los bancos están mejor regulados y, por tanto, en una mejor disposición para garantizar los derechos del comercio. Por otra parte, las instituciones no bancarias están mejor vinculadas –y en ocasiones mezcladas– con industrias de desarrollo tecnológico, por lo que disponen de mejores recursos y tiene una mayor vocación para impulsar la introducción de nuevas tecnologías en nuevas áreas de negocio.

No existe una única política que prime una alternativa sobre la otra. Nuevamente aquí puede argumentarse el principio de la permisividad en aras de un progreso más rápido. Los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa están estudiando este tema y, dentro de los representantes de los países del G-7, se buscan acciones coordinadas en política monetaria. Hasta el presente, los puntos de vista intercambiados revelan posturas distintas a uno y otro lado del Atlántico. La Reserva Federal en Estados Unidos está a favor de la(p.52)emisión de dinero electrónico por instituciones no bancarias, dado que ellas están en mejor posición para introducir mejoras en las áreas de seguridad y garantía y, además, se quiere dejar que el gran público muestre sus preferencias decidiendo por uno u otro tipo de instituciones. En Europa se mantiene una postura contraria y se pide restringir la capacidad de emisión de dinero a instituciones de crédito y otras similares que estén sometidas a severas regulaciones, postura que es defendida principalmente por los bancos centrales de Alemania y Holanda.

Los métodos de pago actuales están protegidos contra las contingencias de fraude, robo o pérdida. En el comercio electrónico del futuro, muchas de estas prácticas se heredarán, pero los estados están dilatando definir las exigencias de protección de nuevas prácticas, porque algunas de ellas, como los micropagos, probablemente se realizarán sin ninguna protección, amparándose en su baja cuantía y en el escaso interés de los nuevos delincuentes.

Una de las posturas mantenidas en los ámbitos legislativos es la de esperar que ciertas prácticas obtengan el respaldo del público y regularlas de acuerdo con criterios compartidos por los agentes del comercio electrónico. El dinero electrónico, como el convencional, deberá tener plazos de caducidad, aspecto que en la actualidad adolece de normas regulatorias. También faltan leyes que regulen las capacidades del estado a que le sean revertidos derechos tales como los sucesorios, legados, propiedades abandonadas, etcétera. La misma falta se registra en la regulación en el caso de pérdida de tarjetas o cualquier forma de dinero electrónico, y definir qué personas o instituciones pueden ejercer derechos de reversión o recuperación.

Si bien la proliferación de nuevos medios de pago va a actuar sobre la masa monetaria puesta en circulación, se cree que en una etapa inicial este efecto no será grande. En el largo plazo, la generalización del dinero electrónico, emitido por instituciones no bancarias por medio de tarjetas de crédito y títulos o pagarés, crearía a los bancos centrales dificultades para controlar la oferta monetaria y parámetros económicos como la inflación. Esto llevará finalmente a imponer a estas instituciones obligaciones similares a las de los bancos y organizaciones financieras o restringir la emisión de dinero electrónico y uso de medios de pago. En el caso de Europa, la moneda única traslada el problema a otras instancias, y además de arrebatar a los estados actuales las políticas monetarias como herramienta de control, abre incertidumbres acerca de su eficacia en los supraestados.

El debate actual sobre los impuestos en transacciones internacionales parece decantarse por varios principios, como el de uniformización de impuestos en la red en todos los países, gravamen solo en el país de compra, y la exención de nuevos gravámenes al comercio, adicionales a los que ya soporta como toda clase de comercio. Para eso, ya se han dirigido las propuestas correspondientes a los foros internacionales relevantes.

Aun llegando a estos acuerdos, todavía pendientes de conseguir, el comercio electrónico presenta muchas otras interrogantes. Los estados disponen de varios impuestos, y dentro(p.53)de ellos, de tipos distintos, dependiendo de la naturaleza de la mercancía intercambiada. Todas las mercancías entregadas por Internet son de la misma naturaleza, lo que dificulta aplicar tipos diferentes de impuestos. Por otra parte, la eliminación de muchos de los actuales intermediarios del comercio que se producirá con el comercio electrónico, si bien es en muchos casos ventajosa para el comercio, priva a los estados de un gestor, el comerciante, que hacía un papel de recaudador de impuestos, a través de la emisión de facturas, liquidaciones del IVA, etcétera.

Los modernos sistemas de cifrado, que serán ampliamente utilizados, protegen la información

hasta tal punto que será dificilísimo reconocer el material que transportan las comunicaciones, y distinguir si es material gravable o no. Lo mismo puede decirse de los pagos con dinero electrónico, por lo que se hace extremadamente difícil la fiscalización por medio de las transacciones monetarias.

Una gran repercusión sobre la fiscalidad del comercio es debida a la posible deslocalización de empresas, de sus recursos y de sus mercancías. Existen ya empresas que están registradas en un país, tienen sus recursos tecnológicos en otro y sus recursos humanos en un tercero, algo que hoy día es perfectamente legal en muchos ámbitos. Esto se viene dando con sociedades de cartera, trusts y fondos que en ocasiones sirven para ocultar dinero a las autoridades monetarias de otros estados.

La posibilidad de nuevas localizaciones no es puramente especulativa, sino real. Las nuevas localizaciones de sociedades están siendo animadas por pequeños estados y paraísos fiscales, que llegan incluso a ofrecer incentivos y facilidades, como baja fiscalidad, secreto bancario y segunda nacionalidad. De aquí surgen los nuevos frentes en los que casi todos los estados se hallan comprometidos, la lucha contra la elusión de impuestos y el blanqueo de dinero.

A pesar de los esfuerzos que se realizan por llegar a acuerdos en los foros internacionales, los estados se encuentran con dificultades crecientes para establecer marcos legislativos universales. Por ello, hay una tendencia en los estados consistente en una progresiva delegación en la sociedad civil de actividades y responsabilidades que antes les eran exclusivas, como los de normalización, arbitraje y resolución de conflictos. Es una forma de conceder la mayoría de edad a una sociedad que aspira a autorregularse y a desarrollarse por sí misma sin la tradicional tutela de los estados.(p.55)

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