LA NUEVA ALFOMBRA MÁGICA. USOS Y MITOS DE INTERNET, LA RED DE REDES

http://www.etcetera.com.mx/libro/gracias.htm

Raúl Trejo Delarbre

 

CAPÍTULO IV

ESTADO Y LIBERALIZACIÓN. EL CRECIMIENTO DESIGUAL Y DESMESURADO EN EL CIBERESPACIO

 

La sola constatación de que la tecnología, la operación y la comercialización de las redes informáticas y el equipo mismo con que pueden emplearse son dirigidas desde los países más industrializados recuerda que, también en este rubro, hay diferencias que tienden a escindir al mundo. Esta realidad se puede tomar de manera pesimista, o con intención propositiva. Por ejemplo, en la segunda vertiente, desde mediados de la década de los ochenta se llegó a considerar que: "Los bancos de información del Norte van a seguir su desarrollo; el desafío para nuestros países está en crear y organizar bancos de información nacionales orientados a las necesidades e intereses propios. El costo decreciente de los aparatos disminuye cada vez más la barrera de acceso a estos sistemas. La informática no va a resolver los problemas políticos, económicos y sociales que atormentan a las naciones más endeudadas, pero sí puede ser vista como una herramienta indispensable para mejorar la planificación, elevar los niveles de educación, así como difundir el conocimiento científico y tecnológico".¹

Norte y Sur, coordenadas parcialmente difuminadas

Llamados de atención como ésos, pocas veces fueron reconocidos. Por un lado, la supeditación a los ritmos, estilos y prioridades de Estados Unidos ha determinado que la gran mayoría del equipamiento computacional y para comunicación electrónica en los países latinoamericanos, sea fabricado o vendido a través de ese país. Ha existido poca apropiación tecnológica y escasa capacitación para crear nuevas opciones. Pero además, la crisis económica que obligó a considerar a los ochenta como una década perdida, influyó para que el desarrollo cibernético, en los casos en que podía existir, resultase precario, desordenado y por lo general hipotecado a esas prioridades estadounidenses. No estamos descubriendo el hilo negro al señalar esta colección de problemas que, sin embargo, es necesario tener presentes para evaluar las capacidades de nuestros países en su empleo de las redes electrónicas de comunicación.

Además, cuando se discuten estos asuntos hay una frecuente proclividad para considerarnos, a quienes geopolíticamente estamos en el sur, únicamente como destinatarios de ofertas, mensajes y equipos diseñados para otras realidades, o de los que no seríamos más que consumidores pasivos. Así sucede, por lo general, si bien es preciso percatarnos de que con las redes electrónicas, el intercambio es en ambas direcciones. Sin duda, aquellas que se propagan desde las naciones más industrializadas tienen contenidos más abundantes, pero a diferencia de los medios de difusión tradicionales (la radio y la televisión, por ejemplo) el flujo no es unidireccional, sino de ida y vuelta. El problema es quiénes, en y desde países como los de América Latina, difunden sus mensajes o quiénes pueden navegar en el océano de información que hay en la Internet.

Hay una clara y hasta ahora irreversible selectividad, especialmente en los países en desarrollo, en el aprovechamiento de las nuevas redes de información. Los medios electrónicos de propagación abierta (como, otra vez, la radio y la tv) son o potencialmente pueden ser para todos. Las computadoras no, al menos en tanto su interconexión exija de dispositivos, redes y accesos que no siempre están disponibles.

Una porción pequeña de las sociedades en países como los de nuestra América Latina, apenas comienza a tener acceso a las redes de información electrónica. La información, aquí como en otros órdenes, es poder. Y ese poder, de conocimiento pero también de interacciones, decisiones e influencia que crecen a la par que las posibilidades tecnológicas, se encuentra especialmente acaparado por los grupos más privilegiados, como resultado de la concentración económica.

La globalización es una realidad contundente y omnipresente, pero no todos estamos convidados a ella de la misma manera. Es otra obviedad recordarlo, pero vale la pena, para que nos se nos olvide: la rígida estratificación que tiende a existir en nuestras sociedades y que es fuente de tantas desigualdades, en el campo de la información y la cultura propicia que los modernos recursos electrónicos sean para pocos, quedando al margen de muchos. Y al mismo tiempo, esos pocos con acceso a Internet y las redes privadas son contemporáneos del resto del mundo en más de un sentido. Comparten la misma información, al mismo tiempo que otros ciudadanos en países industrializados. Un cibernauta en Buenos Aires, en Santiago de Chile o en Ciudad de Panamá, tiene acceso prácticamente al mismo menú de opciones que puede recibir un colega suyo en Sidney, en Miami o en Bonn. Las modernas redes de información, entre otro de sus tantos efectos, tienen el de uniformar a sus usuarios independientemente del sitio donde se encuentren y, al dotarlos de esa señal de identidad, diferenciarlos del resto de las comunidades a las que pertenece cada uno de ellos.

En esas condiciones es difícil hablar, al menos en términos tradicionales, de una brecha Norte-Sur en el empleo de información electrónica. Más bien, quizá, es preciso reconocer que el acceso a estos formidables recursos hace evidente la brecha entre ricos y pobres, al acentuarla.²

Abundan, aunque suelen ser prédicas en el desierto, las advertencias sobre las consecuencias que para la humanidad y especialmente los países en desarrollo, puede tener la desigualdad informática reproducida por la polarización y la disparidad geopolíticas. Este asunto, formó parte de las deliberaciones en la 25 Conferencia Anual del Instituto Internacional de Comunicaciones en Tampere, Finlandia, en el otoño de 1994. El presidente de la reunión, Martti Ahtisaari, destacó entonces que entre los pasos necesarios para lograr un punto de vista humanitario en la comunicación estaba: "Impedir que la supercarretera internacional de la información se convierta en una ruta de una sola vía; los países del norte deberían proveer a los del sur con el equipo necesario y asegurar que la información fluya equitativamente en ambas direcciones".

Pero también reconocía dificultades, al tiempo que sugería cómo pudieran servir estos mecanismos informáticos para el desarrollo de las naciones: "Las redes de computación pueden ayudar, proporcionando soluciones a los problemas de pobreza y destrucción ambiental en los países desarrollados. Las nuevas tecnologías no deberían ser usadas para conquistar al mundo, sino para el beneficio de sus habitantes. La nueva sociedad de la información debería ser concebida en términos de lo que pudiera denominarse como 'ecología cultural', supeditando las exigencias de una nación en particular o de un área de especialización. Así como los seres humanos se consideran a sí mismos como parte de un ambiente global en términos biológicos, también deben considerarse como parte de un ambiente global en términos de cultura y de información".³

Esas convocatorias al aprovechamiento de las redes y a la cooperación internacional para potenciar sus logros por encima de los efectos perniciosos han seguido sin arribar a la lista de prioridades en el temario de asuntos internacionales. Por un lado, para las naciones en desarrollo hay otras urgencias en materia de política social y de crecimiento económico, antes de ocuparse por asuntos aparentemente sofisticados, herméticos y lejanos, como llegan a considerarse los que se relacionan con la comunicación cibernética. Por otro, desde los gobiernos de los países desarrollados el interés de cooperación en esta materia suele reducirse a la interconexión entre ellos mismos y al establecimiento de programas para nuevas redes, siempre orientadas de manera fundamental al llamado Primer Mundo.

Por lo demás, es difícil --aunque sea muy necesario-- pensar en equipamiento y capacitación para la informática, en países en los que hay numerosas carencias. Es de esta manera, como en el acceso a las telecomunicaciones ocurre una más de las disparidades sociales en nuestros países. Una evaluación de este panorama, en nuestra región, indicaba hace poco que: "Incluso en México, que es tan avanzado en comparación con la mayoría de América Latina, nueve de cada diez familias no tienen teléfono y más de 18 mil poblaciones de 500 o más personas no han sido cableadas para el servicio telefónico. La situación de las telecomunicaciones en las montañas de Perú, las planicies de Brasil y en las áreas selváticas de América Central, es todavía más desprotegida".⁴

Variedad y disparidad en América Latina

Ese panorama, aunque sea en parte, ha venido cambiando. Una expresión, a la vez que un vehículo de la civilidad, es el acceso más oportuno y sencillo a los medios de comunicación. Por ejemplo en México, para seguir con el mismo caso, tan sólo en el transcurso del gobierno del presidente Carlos Salinas (de 1988 a 1994) la cantidad de poblaciones con servicio telefónico aumentó de 6 mil 195, a 20 mil 828 y el número de líneas conectadas, de 4 millones 381 mil, a 8 millones 449 mil.⁵

En el terreno de la computación, la capacidad instalada en los países latinoamericanos ha sido creciente, aunque notoriamente desigual. También lo es, respecto de otras zonas del mundo. El siguiente cuadro ofrece una idea de la disparidad en las posibilidades de cómputo, en comparación con la existencia de teléfonos, en una selección de once naciones, cinco de ellas de América Latina.                                                                                                                                            

                                                                                                                                     

El cuadro muestra, en la primera columna por cada país, la cantidad de habitantes por computadora y, en la segunda, la cantidad de teléfonos por cada cien habitantes.
Fuentes: Periódico Reforma, México D.F., 30/XI/94, con datos de The World Competitive Report, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Sobre el Desarrollo Humano 1994, México, 1994.                                                                                            

El cuadro anterior es, nos parece, muy explícito. En los países latinoamericanos seleccionados para este ejercicio estadístico hay, en comparación con los otros, más habitantes por cada computadora y menos teléfonos por cada cien habitantes. La relación es inversamente proporcional en las naciones más industrializadas. Así, frente a las 143 personas por cada computadora en Brasil, en Estados Unidos había solamente tres; en tanto, existían 9.2 brasileños por cada cien teléfonos y 79 estadounidenses por cada centenar de aparatos telefónicos. Se encuentran casos peculiares como el de España: muchos teléfonos y, comparativamente, pocas computadoras. O el de Chile, en donde las proporciones entre ambos recursos eran muy similares.

Como sucede en estos casos, en los que se contraponen paradigmas drásticos, lo mismo en la orientación del desarrollo que para su análisis, el problema puede verse con un cristal pesimista, o uno optimista. El primero, como ya apuntamos, puede llevarnos a una actitud exclusivamente denunciatoria, que sea paralizante tanto en términos intelectuales como políticos. El segundo, si no considera las limitaciones de la visión anterior, puede ser tan voluntarista que deje de reconocer el entorno en el que se producen esas desigualdades. Después de todo, es imposible juzgar con eficacia crítica y sólo con un lente maniqueo, a la relación entre las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías y las dificultades para acceder a ellas debido al costo y a la brecha del conocimiento.

Una muestra de la vertiente optimista es la siguiente: "Debería reconocerse, además, que habrá un creciente intercambio de información y servicios en dos direcciones. Con el impetuoso caudal de información desde el mundo industrializado, hacia el resto del mundo, también habrá oportunidades para nuevos canales desde el sur, hacia el norte. La población del norte industrializado ahora puede tener contacto con gente y culturas en países en desarrollo, logrando un mayor conocimiento de muchas más regiones del mundo. Se puede esperar que esta oportunidad propiciará el conocimiento de las desigualdades del mundo, llevando a una creciente cooperación".⁶

Sólo que la cooperación no surge de manera espontánea. La buena voluntad, suele ser buscada, propiciada y construida. Eso vale tanto para el trato entre las naciones, como para las relaciones económicas y políticas dentro de una misma nación.

El Estado interventor o el Estado mínimo

Hoy en día, el papel de los estados nacionales sobre las economías ha sido drásticamente cuestionado, no sólo por las ideologías rampantes (alguna de las cuales postula, contradictoriamente, la abolición de las ideologías) sino por la experiencia de excesos, paternalismos e ineficiencias que ha producido la omnipresencia estatal en algunas experiencias específicas.

Sobre este tema hay opiniones contradictorias. De hecho, se trata de uno de los grandes debates sin resolver en la ciencia política internacional. Proponer un completo desplazamiento del Estado respecto de sus responsabilidades en la planeación, la regulación y la conducción de la economía, puede ser tan excesivo como la reivindicación de un Estado absolutista ("ogro filantrópico", le llegó a denominar Octavio Paz en el específico caso mexicano, aunque también se le podría considerar, a veces, ogro sin filantropías). La acción y el cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado es indispensable no para proteger o alentar al mercado (que no necesita de ningún impulso específico) sino para proteger a la sociedad de posibles excesos que se derivarían de la actuación irrestricta, salvaje, del mercado. Si la presencia y vigencia del mercado son incuestionables, también lo son la existencia y el surgimiento de iniquidades en ausencia de marcos regulatorios que sean, a la vez, suficientemente claros, eficaces y actuales.

Estas pautas pueden ser útiles para el caso de las telecomunicaciones y las actividades relacionadas con ellas. Es difícil, y sería injusto, formular generalizaciones sobre qué hacer y cómo, en cada experiencia nacional. Hay tradiciones históricas, equilibrios políticos y exigencias y necesidades sociales diferentes en cada situación. Pero en todo caso, puede considerarse que los estados nacionales, y sus gobiernos desde luego, tienen atribuciones a las que sería poco responsable (y en algún sentido suicida incluso) renunciar, o no ejercer a plenitud.

No hay acuerdo al respecto. En el desarrollo de la Internet el respaldo estatal en la Unión Americana resultó fundamental, a tal grado que puede decirse que, sin Estado, no habría existido la superautopista de la información. Pero luego, la creación de nuevas opciones en software y el impulso más reciente a las redes ha sido de inspiración e interés privados. Por un lado, en las redes ha existido una gana antiestatista como una manera de prevenir, aunque sea en la actitud ideológica, los excesos que se pudieran derivar de la omnipresencia, o de la presencia exagerada del gobierno.

Las libertades de expresión y opinión en las redes podrían ser limitadas debido a una presencia en exceso de los gobiernos nacionales. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos que forman parte de la muy real y específica realidad de nuestros días --y que tienen necesidades comunicativas, intereses personales y de grupo, identidades construidas en parte gracias al respaldo que instituciones gubernamentales o públicas han otorgado al ciberespacio--, llegan a preferir el reto del mercado como regulador, antes que el riesgo del Estado como interventor de las redes.

Uno de los más destacados promotores de la modernidad cibernética es indudablemente Bill Gates, el creador de Microsoft y los primeros programas populares para el uso de computadoras. Ahora, convertido en gurú de la ciberindustria, el dueño de esa corporación sostiene que "la regulación estatal de la economía es un asunto peliagudo. La toma centralizada de decisiones es terriblemente ineficaz en comparación con el libre mercado. Por muy buenas intenciones que tenga, es casi inevitable que el control estatal proteja a unas cuantas empresas privilegiadas y perjudique al resto y, en especial, a los consumidores. Un mercado libre es la mejor alternativa. Hace llegar los productos y servicios que los consumidores apoyan con sus compras y recompensa a las empresas por la innovación y el servicio. Cuando el mercado decide qué empresas y planteamientos ganan o pierden, se exploran simultáneamente muchos caminos y no sólo el aprobado por los políticos".⁷

Tal esquema, así descrito, suena muy bien y sintetiza las perspectivas apologéticas del mercado como regulador de toda clase de flujos, tanto en las finanzas como en los servicios y hasta en el comportamiento político y social de la gente. Pero el mercado funcionaría con tal perfección sólo en circunstancias ideales, en las que todos tuvieran acceso idéntico, lo mismo a sus tentaciones que a sus beneficios. En sociedades desiguales (que son todas, pero sobre todo aquellas en donde el desarrollo ha sido precario) las leyes del mercado, puestas en práctica sin mayores frenos ni contextos, no hacen más que acentuar las disparidades que escinden a cualquier colectividad.

Por eso, el Estado tiene deberes por cumplir, en áreas como la que nos ocupa. Entre esas atribucione se encuentran las que se refieren a la regulación estatal sobre las telecomunicaciones.

Igual que otros medios de comunicación, en la mayoría de los países de América Latina las redes de teléfono, su mantenimiento y expansión, estuvieron durante varias décadas a cargo del gobierno. El hecho de que las empresas de ese ramo fueran de propiedad estatal, se explicaba en el contexto de un empresariado débil, o fundamentalmente dedicado a tareas primarias, así como también debido a la preponderancia de empresas estadounidenses deseosas de acaparar el mercado de la telefonía.

Así, ahora, en un panorama de privatizaciones compulsivas en todo el mundo, el de América Latina llega a ser considerado como caso de excepcional coincidencia en la desestatización de los servicios de telecomunicaciones. Tan sólo en el transcurso de los años noventa, las empresas telefónicas en una docena de naciones en la región, han sido vendidas o concesionadas a grupos privados. Chile fue pionero en este renglón cuando, en 1987, vendió un segmento de la Compañía Telefónica a inversionistas australianos. Poco después Argentina, Venezuela y México, vendieron a grupos privados las empresas telefónicas que tenían monopolizado a cada uno de esos mercados nacionales. Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, Honduras y Nicaragua, entre otras, seguirían los pasos privatizadores en los años posteriores. "En todos los casos, los gobiernos han optado por vender la propiedad mayoritaria a consorcios que incluyen inversión extranjera y local, de carácter estratégico".⁸

La fiebre privatizadora, aparte de motivos ideológicos, se debía al intento de cada gobierno nacional para fortalecer sus finanzas (en México, el gobierno informó que todo el dinero de la venta de Teléfonos de México fue empleado para programas de asistencia social). Pero además, en algunos casos incluyó interesantes exigencias a las compañías que se hicieron cargo de la comunicación telefónica. De acuerdo con la misma fuente, en Argentina los dos operadores privados tendrían que instalar un total de 1.23 millones de líneas y cerca de 34 mil teléfonos públicos por año, hasta 1996. En Venezuela, el título de concesión obligó a la empresa privada encargada de ese servicio, a instalar un mínimo de 3.65 millones de líneas y 30 mil teléfonos públicos anuales, hasta el fin del siglo. En México, los nuevos propietarios de la compañía telefónica se comprometieron a incrementar la cantidad de líneas a un promedio del 12 por ciento anual, a dotar de servicio telefónico a todas las poblaciones con más de 500 habitantes y a reducir a menos de un mes, para el año 2 000, el periodo de espera para contratar una línea nueva.

Con estos ejemplos, queremos subrayar que privatización no significa necesariamente dejar en manos privadas toda la responsabilidad de un negocio, o de un servicio. Aún en condiciones de premura como las que llevaron a la venta de las empresas telefónicas en los países latinoamericanos que hemos mencionado, los gobiernos tuvieron decisión y capacidad para imponer condiciones. Cada uno de esos Estados, a su manera, siguió ejerciendo una función reguladora, incluso en la vigilancia para que los empresarios privados cumplieran con los compromisos que adquirieron al comprar cada una de las empresas de telefonía.

La traumática década de los ochenta, que en tantos sentidos ha sido considerada como perdida en los países latinoamericanos, sirvió al menos para que se consolidaran grupos privados que, a la primera oportunidad, buscaron asentarse en las áreas más dinámicas de las economías nacionales que se renovaron después de aquella desoladora fase. En el caso de las comunicaciones por teléfono, varios de los países mencionados habían padecido problemas similares: estancamiento en el desarrollo tecnológico, ausencia de inversión, burocratismo administrativo y sedentarismo laboral. Todavía está por verse si, en manos privadas, tales rezagos encuentran remedio.

Esta recurrencia en medidas similares ha permitido que se llegue a decir que: "América Latina es el laboratorio mundial para la privatización de las telecomunicaciones a través de alianzas estratégicas".⁹ Pero no deja de llamar la atención el hecho de que, pese a todo, los gobiernos fueron capaces de imponer condiciones de tal suerte que las privatizaciones de las empresas telefónicas no ocurrieron sólo a partir de la presión de las fuerzas del mercado, o en un esquema de ausencia estatal. Todo esto no es ajeno a las redes de información (que para propagarse requieren de la infraestructura básica que constituyen las líneas telefónicas) ni a la cultura.

El frenesí privatizador que se despliega por el mundo --y nuestros países no son de manera alguna ajenos a él-- puede propiciar, si nos descuidamos, que asuntos cardinales, de interés necesario y general para nuestras sociedades, queden en manos particulares. De la misma manera que parece estar clara la necesidad de que la educación básica sea orientada por el Estado, tendría que resultar suficientemente aceptada la necesidad de que haya una regulación estatal de las telecomunicaciones.

No es sencillo, ni esa regulación, fuera de formalismos técnicos, parece formar parte de las asignaturas de los gobiernos en América Latina. La convicción en las políticas de privatizaciones llega a la decisión de permitir toda clase de crecimientos, apropiaciones y alianzas, en aras de facilitar la inversión de capital, tanto foráneo como doméstico.

 

En México, polémica alianza de las dos grandes corporaciones

Volviendo a la experiencia mexicana, cabe destacar la decisión del gobierno, ya en 1995, para autorizar la fusión de la empresa telefónica con una subsidiaria de Televisa, con el propósito de robustecer y diversificar la conducción de señales por cable. Ambas empresas se dedicaban a ramos distintos: Teléfonos de México a lo que su nombre indica y Televisa, como es bien sabido, fundamentalmente a la televisión. La diversificación tecnológica fue emparentando algunas de sus tareas.

Cablevisión, una subsidiaria de Televisa, ha tendido redes de cable en las principales zonas urbanas del país, con el propósito de ofrecer el servicio de televisión de paga. A su vez, Teléfonos de México ha desplegado redes también de cable, con tecnología de fibra óptica, inicialmente con el propósito de mejorar la transmisión telefónica pero ahora con perspectivas más ambiciosas.

En todo el mundo, la ampliación de los servicios de telefonía a la transmisión de paquetes de datos de mayor densidad y calidad, a través de la fibra óptica, está constituyendo a la vez que una de las grandes transformaciones en materia de telecomunicaciones, un nuevo aliciente para la conformación de poderosos (y, por definición, excluyentes) grupos monopólicos. En México, las dos empresas mencionadas, ya que sus objetivos se identifican, solicitaron, en los términos de las leyes del país, autorización para conjuntar esfuerzos en tales tareas.

El 20 de junio de 1995, la Comisión Federal de Competencia, un organismo gubernamental creado poco antes para, al menos hipotéticamente, evitar la creación de monopolios, autorizó la venta, a Teléfonos de México, de 49 por ciento de las acciones de Cablevisión. Tal operación significó la alianza de las dos grandes empresas de comunicaciones --hasta entonces cada una en áreas diferenciadas-- que hay en este país y se estimó que significaría una inversión de 211 millones de dólares.¹⁰ Para explicar su decisión, la Comisión gubernamental y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijeron que la compra de casi la mitad de las acciones de la empresa de tv por cable no implicaba que Teléfonos de México, como tal, se fuese a dedicar al manejo de las señales de televisión abierta, porque ello requeriría de una autorización adicional; la operación se limitaba a las conducciones de señales de televisión restringida, de tal suerte que el resto de las empresas que transmiten por televisión abierta no debían considerarse afectadas. Explicaba el diario La Jornada: "Con la adquisición de un 49 por ciento no puede considerarse que Telmex esté en posición de explotar la empresa y por ende los servicios que presta, ya que no tiene el control corporativo y porque el propio título de concesión (de Telmex) prevé que, con autorización de la SCT, se puedan transmitir señales de televisión a la red de Telmex (lo que requeriría una revisión, modificación o nueva concesión para ambas empresas)".¹¹

Pero las críticas abundaron. Por una parte, el hecho de tratarse de empresas tan poderosas permitía suponer, sin mucha imaginación, que sería el inicio de una alianza que multiplicaría la presencia tecnológica, comunicacional y, así, inevitablemente política que, ya de por sí, Telmex y Televisa han tenido, por separado, en la vida mexicana y en sus expansiones en otras naciones. Por otra parte, el hecho de que apenas iniciándose el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se aprobara una fusión que afectaría a otras empresas, llegó a verse como muestra de favoritismo o, en todo caso, de realismo al ceder al proyecto corporativo de dos muy influyentes compañías. Los primeros afectados, más allá de los argumentos de las autoridades gubernamentales del ramo, podían ser otros negocios que han comenzado a incursionar en la transmisión de señales de televisión restringida; por ejemplo la empresa Multivisión, que desde comienzos de la década ha consolidado un numéricamente pequeño pero ya significativo mercado a través de un sistema de transmisión de señales codificadas por vía aérea. Otros perjudicados podrían ser los negocios de telefonía distintos de Telmex.

Es decir, los primeros afectados eran los competidores que tenía, aunque en cada caso con desventaja, cada una de las empresas cuya fusión era autorizada. Voceros de algunas de esas compañías, así como legisladores de los principales partidos políticos --inclusive el PRI-- expresaron disgusto o preocupación por esa medida.¹²

El economista Luis Rubio sintetizó algunos de los cuestionamientos más fuertes ante la fusión. Telmex, de esa manera, evitaba la posible competencia por parte de la única otra empresa que contaba con cableado para la transmisión de señales digitales. Y había sido precisamente el interés de esos consorcios y no necesariamente el de la sociedad, el que las autoridades habían reconocido: "La reciente autorización por parte de la llamada Comisión de Competencia y la sucesiva ratificación por parte de la SCT, de la adquisición de una parte de Cablevisión por parte de Telmex, se inscribe en esta lógica de los dueños de la empresa telefónica. El único problema es que la Comisión de Competencia no fue diseñada para proteger los intereses de los accionistas de las empresas que confrontan competencia sino, por el contrario, su mandato es el de tutelar los derechos de los consumidores --es decir, de los usuarios del servicio telefónico--. Además, las autoridades regulatorias responsables de estas autorizaciones no deberían estar velando por los intereses de los dueños de Teléfonos de México y de Televisa, sino por los del desarrollo del país en general y por la creación de condiciones generales de competencia que permitan a los mexicanos elevar la productividad y, por lo tanto, sus ingresos. Lo que el gobierno hizo fue privilegiar los intereses de una empresa (y de sus accionistas) a costa de los del resto del país".¹³

Los defensores de la medida insistieron en que con la fusión esas dos empresas mexicanas se fortalecían y que ello era conveniente debido a la posible llegada de firmas extranjeras interesadas en involucrarse en el mercado mexicano de las comunicaciones. Sin embargo, para evitar o atenuar la presencia de trasnacionales como la MCI o la ATT, entre otras, habría dos caminos. Uno, el que por lo menos en ese episodio eligió el gobierno mexicano y que ha sido el robustecimiento de lo que ya existía en el país --Telmex--, a pesar de que así se apuntalaba un nuevo monopolio. El otro hubiera sido la diversificación de facilidades para que en las diversas vertientes de la industria de las comunicaciones concurrieran variadas formas de inversión mexicana y extranjera. El hecho de que sea de propietarios mexicanos, no asegura un desempeño nacionalista de la alianza Telmex-Televisa. Por ejemplo, Teléfonos de México ya tenía relaciones formales con empresas como Sprint o France Telecom, a las que ahora podría servir como puente para incursionar con servicios específicos en el mercado mexicano.

De cualquier manera, en el debate al respecto se destacaron las reglas para asegurar la oriundez de los propietarios: los extranjeros sólo pueden ser inversionistas en condiciones de minoría en la propiedad de acciones, los cargos directivos en las empresas sólo pueden ser ocupados por extranjeros siempre y cuando no sean de control mayoritario y no se permite la propiedad extranjera de terrenos u otras facilidades; las concesiones para transmisión de mensajes por telefonía son otorgadas por la SCT solamente a ciudadanos o empresas mayoritariamente mexicanos.¹⁴

La comentada alianza no se proponía de inmediato incursionar en el ciberespacio, pero esa opción estaba contemplada para un siguiente paso. De hecho, casi no hay conexión cibernética si no es apoyándose en las líneas de teléfono.¹⁵ De allí que la infraestructura para tal propagación de señales, su régimen de propiedad y de tal manera su accesibilidad y sus costos, sean fundamentales en la definición de cualquier política nacional de comunicación cibernética. En este caso, desde el momento de la fusión corporativa ya podía preverse un escenario como el siguiente: "Además, estiman los especialistas, la alianza permitirá a Cablevisión establecerse como una red pública para la prestación de servicios como Internet, televisión interactiva, pago de servicios, voz, video, texto, servicios financieros... software, interconexión a otros sistemas de cable manejados por Sprint, telefonía y todas las opciones que permiten las tecnologías modernas a través de la amplia red de Telmex".¹⁶

La fusión, por lo demás, ocurrió cuando en otros países del mundo se debatía el mismo asunto de cómo y con quiénes manejar a la telefonía y sus ramificaciones cibernéticas, pero con otras conclusiones. Lo mismo en Estados Unidos en donde desde los años ochenta la expansión telefónica quedó a cargo de media docena de empresas y no de una sola, que en Europa en donde la disputa de las concesiones ha estado en los primeros sitios de las agendas políticas y parlamentarias ha prevalecido la tendencia a evitar monopolios. No ocurrió lo mismo en México.

Por los mismos días, en Brasil se aprobaba una enmienda constitucional para abrir a manos privadas el monopolio estatal de las telecomunicaciones. Comenzaría entonces un debate para definir a quiénes vender o adjudicar el derecho a prestar esos servicios y hacer negocio con ellos.¹⁷

 

Liberalización versus controles

Cuando se piensa y propone sobre el papel del Estado en una política informática, el dilema fundamental sigue siendo hasta dónde regular y, por lo tanto, en dónde comienza y termina el compromiso del sector privado con la sociedad e, incluso, con su propio desarrollo. Liberalización no significa, necesariamente, modernización. Dejar la incorporación de innovaciones tecnológicas, la propagación de insumos culturales y la creación y ampliación de infraestructura exclusivamente al espíritu emprendedor y las posibilidades del sector privado, puede llevar a hipotecar el destino de una nación (es decir, el interés colectivo) al interés de un grupo particular.

Con razón, un acucioso y pionero estudio sobre las políticas (o más bien, la ausencia de ellas) que en materia informática han existido en México, señalaba: "El papel del Estado ha sido decisivo en las sociedades donde estas tecnologías han sido desarrolladas, ya sea como resultado de su financiamiento en investigación y desarrollo (con) sus presupuestos militares que sustentaron el mercado de la industria electrónica, ya como arquitectos de una estrategia de industrialización. El Estado mexicano debe incursionar, por más de una razón, en las múltiples dimensiones de la política de informática. En primer lugar porque el sector privado ha mostrado ser sumamente limitado en el desarrollo de estas tecnologías en México, y su intervención tiende a subordinarse a las corporaciones extranjeras las cuales, de hecho, han condicionado y formulado las políticas en el pasado. Si el Estado quiere asumir su rol de promotor y regulador de la economía es indispensable que promueva el desarrollo de una infraestructura que propicie, en el mediano plazo, la capacidad tecnológica de la nación en estos campos. Por otra parte, se requiere una acción simultánea para desarrollar mecanismos de interacción y coordinación entre las instituciones encargadas de los distintos aspectos de dichas políticas".¹⁸

Pareciera fuera de toda duda el hecho de que la transmisión de informaciones, por cualquier medio, necesita de alguna regulación, por mínima que sea. En cualquier autopista hay agentes de tránsito o semáforos, existe una velocidad mínima y otra máxima, las salidas no se confunden con las entradas, etcétera. En la superautopista de la información, el orden no corre a cargo sólo de los usuarios quienes, por muy responsables y empeñosos que sean, no dejan de tener intereses peculiares que se pueden contraponer con los de otros. La llamada red de redes, por ejemplo, tiene una suerte de Consejo de Notables que encabezan a la Internet Society, en donde se establecen las pautas mínimas para organizar el flujo de información.¹⁹ Sin embargo, ya se reconoce que esa regulación informal está siendo insuficiente. Además, en todos los países industrializados existen normas (registros, especificaciones técnicas, concesiones, caducidades, etcétera) para el uso de la telefonía y del espacio cibernético. Incluso, llegan a ocurrir intentos de hiper-regulación, como el ya comentado proyecto para introducir el chip clipper, de decodificación.

Según cómo se cumplan, las atribuciones del Estado respecto de la comunicación, en este caso a través del ciberespacio, involucran también el problema del control político, más allá del control en contra de atentados a la vida privada o con motivo de la pornografía. Igual que en otros temas ya comentados, en éste no hay soluciones claras ni definitivas al menos aún. Ante la utopía del ciberespacio en donde supuestamente todos somos iguales y el libre flujo de informaciones se dispersa sin taxativas, se han manifestado prevenciones críticas que por ahora no suelen pasar de la advertencia intelectual que difícilmente llega a ser considerada como ingrediente de las políticas nacionales y menos aún, de las definiciones que orientan a la cooperación internacional (cuando la hay) en materia de informática y comunicación cibernética. Entre esas posturas está la del escritor italiano Umberto Eco quien ha señalado, con lucidez quizá clarividente: "...no se ha dicho que estas redes puedan realmente permanecer acéfalas, sustraídas de todo control de las alturas, porque estamos ya en una situación de congestionamiento y mañana un Big Brother podría controlar los canales de acceso ¡y entonces, olvídense de la equidad!".²⁰

En las telecomunicaciones y, de manera específica en las redes de información, un dilema frecuente es el de quiénes pueden (o deben) y de qué maneras es posible regular. Como la información electrónica es de desarrollo muy reciente, suele ocurrir que no se tengan legislaciones suficientemente actualizadas, o que exista un desempeño simultáneo de diferentes entidades administrativas, relacionadas con la administración y vigilancia de ese espacio. Un esquema frecuente consiste en la regulación de permisos y licencias a cargo de autoridades específicamente políticas, de contenidos culturales a cargo de autoridades educativas y de normas técnicas por parte de autoridades de telecomunicaciones. Por ejemplo, en México las transmisiones radiofónicas son sancionadas, en diferentes aspectos, por los ministerios de Gobernación, Educación Pública, Salud y Comunicaciones y Transportes. Quizá no sería mala idea fusionar todas las atribuciones regulatorias en un solo organismo público que, de preferencia, no dependiera directamente del gobierno en turno para que sus decisiones no estuvieran necesariamente condicionadas por la coyuntura política. Un esquema interesante es el de Estados Unidos, con la Comisión Federal de Comunicaciones.

Pero todavía a unos cuantos años del final del siglo, en México sigue experimentándose una constatable dispersión, que suscita duplicidades y contradicciones, en materia de política informática. El ya citado Alberto Montoya Martín del Campo señaló, refiriéndose a las décadas de los años setenta y ochenta: "Más que una política definida con coherencia e integración, se puede considerar la existencia de múltiples micropolíticas dispersas desde el punto de vista de la globalidad de la acción estatal. Se debe señalar, además, la ausencia durante este periodo de una participación decidida y a largo plazo de la iniciativa privada y las instituciones nacionales de educación superior e investigación. Así, los actores principales de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas han sido las corporaciones transnacionales productoras de la tecnología informática. El gobierno federal, las empresas paraestatales y del capital privado, así como las universidades han mostrado en el pasado una actitud pasiva desde el punto de vista de la producción y uso de tecnología".²¹

Los gobiernos tienen obligaciones y atribuciones en tales tareas regulatorias y supervisoras, pero no sólo ellos. Hay sectores de la sociedad cada vez más interesados en opinar y, acaso también, contribuir en las decisiones sobre estos asuntos. Entre ellos, desde luego, se encuentran los empresarios y profesionales relacionados con estos asuntos, así como las comunidades académicas que, como ya comentamos, han sido los usuarios principales.

En el caso mexicano, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Telemática propuso la creación de un organismo gubernamental integrado por los titulares de los ministerios involucrados en la creación, propagación y aprovechamiento de recursos en materia de información a distancia. Ese organismo tendría la tarea de articular políticas de alcances nacionales, con participación de sectores profesionales interesados en tales asuntos. Entre otras tareas, la mencionada Asociación sugirió un Plan de Desarrollo Tecnológico (que articulase la promoción de recursos como la infraestructura telefónica, la telefonía celular, el videotexto, la infraestructura satelital, las videoconferencias y la microinformática) y un Plan de Desarrollo Normativo en virtud del cual se actualizaran las reglas para el funcionamiento de sistemas de información. En dicha labor se asignaría un papel indispensable al Poder Legislativo aunque cabría recordar que en las élites estatales la importancia de tener políticas nacionales de información, todavía no es reconocida como indispensable.²²

Otro terreno de atención necesaria sería el educativo, tanto en el adiestramiento para el uso de nuevas tecnologías como en el empleo de ellas como auxiliares de la enseñanza y la promoción de la participación del sector privado, en donde suele existir gran desconocimiento, e improvisación, respecto de los nuevos recursos en materia de información. La citada agrupación, en la perspectiva de promover "un proyecto nacional de supercarretera de la información", consideraba que: "Es necesario iniciar ya la creación de un patrimonio nacional de información que integre cientos o miles de bancos de información de todo tipo y nivel, armónicamente interconectado, dotado de accesos asequibles y útiles para toda la población".²³ Sin embargo, éstos siguen siendo temas distantes del interés público y cuyas implicaciones en la soberanía, la economía, la cultura y la sociedad, no siempre son reconocidas.

¿Cómo debe ser la regulación y, en general, el papel de los gobiernos y estados a propósito de la generación y el tránsito de información electrónica? Un grupo internacional de expertos, al que se le encomendó evaluar dicha cuestión, considera que: "En tanto el armazón todavía está por ser definido, los servicios de la superautopista de la información probablemente serán provistos por el sector privado, en tanto que los gobiernos proporcionarán un marco regulatorio sustentado en una gran participación y consenso públicos. Pero el desarrollo de la sociedad de la información no puede ser dejado a las fuerzas del mercado. Eso merece y necesita la atención de quienes toman las decisiones políticas, en los niveles más altos. Los países necesitan establecer prioridades en sus necesidades de información de la misma manera que lo hacen para la agricultura, la salud, los caminos y la alimentación".²⁴

En ese juicio, al lado del reconocimiento de la responsabilidad ineludible de los gobiernos y estados en la formulación y aplicación de marcos regulatorios y el establecimiento de políticas, hay dos pautas que conviene no soslayar. Una es la necesidad de que la actuación de la autoridad tenga lugar en condiciones de la mayor participación (interacción, también) de la sociedad. Cada vez más, en países de las más diversas historias y estructuras, la democracia se encuentra a la orden del día. La extensión de prácticas y por consiguiente de regímenes democráticos, que es una de las realidades de este fin de siglo a la que no son ajenos los países de América Latina, significa no sólo actuación de los ciudadanos en la designación de sus gobernantes, sino el interés frecuente por participar en la evaluación y definición de los más diversos asuntos públicos. Este reclamo democrático, como se ha podido denominar al espíritu que se ha extendido por diversas regiones, tendría que ser especialmente reconocido en los asuntos ligados con la propagación del conocimiento.

El otro tema sugerido por Gilbert, Nostbakken y Akhtar es la pertinencia de que las políticas para aprovechar, diseñar y extender los sistemas de información electrónica, sean desarrolladas, o al menos entendidas y aprobadas, en los niveles más altos de las estructuras de poder estatal. Con enorme frecuencia, nos encontramos con que los gobernantes no estiman importantes estos temas, por el solo hecho de que no los entienden. Las computadoras y sobre todo los dispositivos con los que se interconectan, les parecen maquinitas sólo para expertos, o para freaks de la nueva era.

Uno de los motivos para el compromiso del gobierno de Estados Unidos en la superautopista de la información ha sido el interés personal del vicepresidente Al Gore en estas cuestiones. Sin embargo, no todos los gobernantes tienen inclinación por ellas. Se ha escrito que: "Hace poco, a un político alemán se le preguntó por los proyectos de su país respecto al Infobahn o autopistas de la información, y contestó que sentía gran preocupación por los problemas de tráfico, siendo como habían sido las autopistas alemanas un orgullo nacional y un ejemplo para todo el mundo. Creía que le hablaban de coches. El político era Helmut Kohl" .²⁵

 

Visión amplia para una estrategia a futuro

A pesar de actitudes como la que se relata en el ejemplo anterior, todavía es frecuente que a la superautopista informativa se le aprecie, y se le use, más en las élites dirigentes que en el conjunto de la sociedad. Incluso en Gran Bretaña, en donde los ciudadanos han ejercido una notable influencia en la fiscalización de las comunicaciones (en espacios institucionales como el Consejo que orientó a la televisión pública) ha podido decirse que: "Hay signos frecuentes de que la convergencia, largamente presagiada, entre el entretenimiento, la computación y las telecomunicaciones está, cuando menos, vislumbrándose, aun cuando la supercarretera electrónica probablemente emocione más a los políticos que a los consumidores, por el momento".²⁶

Lo importante no es sólo que a los líderes políticos y a los gobernantes les emocione la superautopista de la información, sino que admitan la necesidad de investigación y actualización, conexión y acceso, regulación y recursos no sólo para que cada comunidad nacional se incorpore, sino para que pueda permanecer involucrada y competitivamente en las redes electrónicas. Hoy en día, para decirlo de otra manera, la tarea de gobernar no puede dejar de incluir la atención a estos asuntos y ello implica que la sociedad tenga acceso a las redes y que pueda mantenerse conectada a ellas.

En opinión de los tres especialistas que hemos citado, "los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de asumir una visión estratégica enfrentando el advenimiento de un mundo de intensa información". Esas estrategias incluirían:

-Creación de una perspectiva compartida de la nueva era de las comunicaciones.

-Intensificación del proceso de aculturación en materia de información.

-Generación de los recursos humanos necesarios.

-Planeación estratégica y administrativa.

-Aceleración del desarrollo de la infraestructura para telecomunicaciones.

-Desarrollo y prospectiva tecnológicos.

-Inicio e impulso a la reestructuración organizativa.²⁷

Compartir perspectivas, resulta pertinente no sólo entre los gobiernos nacionales, sino entre ellos y sus respectivas comunidades sociales. El proceso de aculturación al que se refiere la anterior lista de tareas, de hecho ya existe y lo importante es entenderlo para aprovecharlo en lugar de dejar que nos apabulle. Ese, sería el primer paso para propiciar recursos humanos, como parte de la mencionada planeación.

 

Estados Unidos: empleo, educación, industria y ciencia

Las nuevas tecnologías de la información, que tienen como centro a la comunicación ciberelectrónica, son indispensables en cualquier política nacional de desarrollo. Así se comienza a entender en los países de mayores recursos y, con mayor lentitud, en naciones como las de América Latina. ¿Cuáles son las políticas que en materia de comunicación cibernética se echan a andar en el llamado Primer Mundo? En las páginas que siguen, presentamos un repaso, inevitablemente esquemático pero, consideramos, suficientemente representativo, de cómo en el llamado Primer Mundo se está pensando en articular al desarrollo ciber-comunicacional con las sociedades y las economías de cada entorno nacional y/o regional.

La estrategia nacional más conocida es la que el presidente William Clinton y su vicepresidente Abert Gore pusieron en marcha en febrero de 1993. El documento Tecnología para el crecimiento económico de América. Una nueva dirección para construir el fortalecimiento económico, expresa en sus primeras líneas:

"... la medida más importante de nuestro éxito será nuestra capacidad para marcar diferencias en la vida del pueblo americano, para aprovechar las tecnologías de modo que mejore la calidad de sus vidas y la fuerza económica de nuestra nación. Estamos caminando en una nueva dirección que reconoce el papel trascendental que debe representar la tecnología en la estimulación y el sostenimiento de un crecimiento económico de larga duración que cree puestos de trabajo de elevada calificación y proteja nuestro entorno."²⁸

Entre las líneas de acción sugeridas por la Casa Blanca, están:

• Mejorar los mecanismos de cooperación entre gobierno e industria.

• Aportación de fondos oficiales para crear puestos de trabajo estables y gratificantes para gran número de trabajadores. Acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de incrementar la productividad, el desarrollo local y regional y el respeto al entorno.

• Educación formal y formación: mejorar las calificaciones de los trabajadores americanos mediante el incremento de la productividad y de la capacidad de acceso a la educación y a la formación. Incorporar el hardware y software que permitan aumentar la productividad en el aprendizaje en las escuelas, las empresas y el hogar. Conectar los centros universitarios a una red de comunicaciones de alta velocidad. Formación de los individuos con especial ayuda para que los estudiantes no se sientan aislados en su relación con la comunicación electrónica ("crear un sentimiento de comunidad").

• Impulso a otras actividades, como: medicina, oferta de programas y películas en televisión, política industrial, apoyo a pequeñas y medianas empresas.

"La intención final de la propuesta --considera el resumen que estamos siguiendo-- es crear un entorno económico en el que pueda florecer la innovación técnica y donde la inversión se vea atraída a experimentar nuevas ideas. Las tecnologías claves para ello son las de información y comunicación, la fabricación flexible y la tecnología del entorno. El documento hace hincapié en la necesidad de reafirmar el compromiso con la ciencia básica."²⁹

En el proyecto Gore-Clinton, de esta manera, junto con una marcada esperanza en la capacidad de la superautopista informativa para reforzar el sentimiento de comunidad y no el aislamiento de los estadounidenses, destaca la intención de atender de manera simultánea tres frentes en la expansión de la comunicación cibernética.

El primero sería la propagación misma de las redes, merced al apoyo gubernamental pero en una creciente traslación de estas responsabilidades a las instituciones académicas y privadas. El uso de las redes con propósitos educativos, es insistentemente enfático, entre otros motivos para combatir la impresión de que la SAI sólo sirve para el entretenimiento y, peor aún, que el ocio posible en ella es fundamentalmente catártico, ya sea en términos sexuales, ideológicos o de cualquier índole. La propuesta de la Casa Blanca, de esta manera, desde comienzos de 1993 enfrentaba la imagen, que luego tendría mayor fuerza, de las redes como un espacio incontrolado y abierto a las más diversas perversiones. En lugar de ello, Clinton y Gore destacan el aspecto más noble y tal vez más útil, que es el apoyo a la educación, así como al mejoramiento productivo y por tanto a la expansión del empleo. En ese texto se muestra a las redes como un instrumento para el beneficio de la sociedad y no al revés.

La segunda línea de preocupaciones se encuentra en el compromiso para impulsar, además de las redes mismas, a la industria fabricante de programas y equipo de cómputo. Este es uno de los aspectos que distingue de manera más frontal a la política estadounidense de la que otros países, más tarde, han puesto en práctica para la presencia de sus ciudadanos en las redes. Y no es un punto menor. El gobierno estadounidense no quiere perder el avance que su país ya tiene en dicha industria, en una posición que no sólo refuerza su presencia financiera y comercial sino también cultural. El hecho de que la gran mayoría del software disponible, tanto para comunicaciones como para otras utilerías, sea de origen estadounidense, ha sido uno de los factores recientes y más importantes en la hegemonía de ese país dentro y fuera de las redes cibernéticas.

El tercer paquete de medidas, menos amplio pero quizá más ambicioso, es el que se deriva del compromiso con la ciencia básica. No sólo el origen de la Internet, aparte del padrinazgo militar, ha sido fundamentalmente en los recintos científicos, sino que el desarrollo ulterior que pueda tener la comunicación ciberespacial requerirá de un impulso sostenido a la investigación. Y ésta, aparte de buscar rendimientos y aplicaciones muy específicas, tiene que mantener la mira en la producción de conocimiento duro. De allí que al preocuparse explícitamente por la investigación científica, la política informática de los estadounidenses se coloque en una situación de punta. Pocos países incluyen tales consideraciones en sus estrategias informáticas.

 

El camino informático de Europa

Habitualmente, la referencia más común cuando se piensa en una política nacional para la comunicación cibernética, son Estados Unidos. De hecho, no hay gobierno que haya alentado tanto la propagación de las redes --aunque ahora emprenda el camino hacia la privatización casi total del ciberespacio-- como el que tiene su sede en Washington. No ha existido gobernante más entusiasta de un proyecto de esa índole que el vicepresidente Albert Gore. Pero ni los afluentes de y hacia la superautopista de la información se agotan en el modelo estadounidense ni la hegemonía de ese país en éste como en tantos otros terrenos es apreciada con tranquilidad en otras zonas del mundo. Mientras en América Latina ha existido tardanza para el diseño de políticas propias, capaces de conferirle contenidos y prioridades nacionales al desarrollo de la Internet y sus afluentes, en Europa al menos desde 1994 ha existido una preocupación creciente --traducida ya en documentos muy importantes-- para pensar y actuar con criterios propios en la SAI. Se trata de auténticos proyectos de autodefensa, preventiva o incluso competitiva, que tienden a rescatar intereses, valores y criterios políticos, culturales y comerciales de los países que conforman a la Unión Europea.

 

El Libro Blanco de Delors, informática para el empleo

El primero de una serie de intencionados y muy respaldados acercamientos europeos a este asunto fue el documento elaborado por un grupo encabezado por el francés Jacques Delors, con el título Crecimiento, competitividad y empleo: pistas y retos para entrar en el siglo XXI. Se trataba de sugerir vías al creciente y acuciante problema del desempleo, pero las miras fueron suficientemente altas de tal suerte que, además, pudieron incorporar reflexiones y propuestas relativas a la superautopista informativa. Allí se dijo que el nuevo contexto de los cambios en el mundo está condicionado por la sociedad de la información, en virtud de la cual "la apertura de un mundo multimedia (sonido-texto-imagen) constituye una mutación comparable a la primera revolución industrial". Tales autopistas abren la posibilidad de "responder a las nuevas necesidades de las sociedades europeas; redes de comunicación en las empresas; generalización del teletrabajo; acceso generalizado a una base de datos científicos y de ocio; desarrollo de la atención preventiva y de la medicina a domicilio para las personas mayores".³⁰ De acuerdo con el experto Francisco Ortiz Chaparro, las líneas fundamentales del plan Delors para las SAI serían las siguientes:

"Las propuestas para la puesta en marcha de tales autopistas se centran en:

• Fomentar la colaboración sector público-privado.

• Acelerar la construcción de redes y la creación de servicios y aplicaciones de las autopistas de la información.

Al igual que el americano, el programa europeo se complementa con otras actuaciones en sectores o actividades como:

• Redes europeas de infraestructuras.

• Refuerzo de la investigación y la cooperación, fundamentalmente en el campo de:

*Las nuevas tecnologías de la información.

*La biotecnología.

*Las ecotecnologías.

• Formación y educación a lo largo de toda la vida.

• Flexibilidad de los mercados de trabajo, buscando una completa renovación de la política de empleo.

Para ello, el programa localiza lo que llama 'yacimientos de empleo', entre los que se encuentran los relacionados con:

• Los medios audiovisuales.

• El ocio y la cultura."³¹

El Libro Blanco tuvo la virtud de ubicar al desarrollo de las SAI dentro de una concepción integral del crecimiento económico, con prioridades sociales entre las que destaca la necesidad de crear empleos. Es decir, la reflexión europea a propósito del ciberespacio, al menos en las élites políticas, no surgió sólo a partir de la novedad mediática sino como resultado de un realismo económico que no siempre tuvo precisiones al detalle, pero que permaneció como marco conceptual para ser desarrollado en la medida en que avanzara la integración de la propia Unión Europea.

 

El Informe Bangemann, una política común

Muy poco después, como parte de los complejos pasos para la integración de los países europeos, la Unión encargó al especialista Martin Bangemann la elaboración de un informe sobre las perspectivas de cohesión en el nuevo escenario de la comunicación cibernética. El documento que resultó de un proceso de consultas y deliberaciones y que serviría, a su vez, para nuevas reflexiones, ha sido conocido como Reporte Bangemann, aunque su título amplio es Europa y la Sociedad de la Información Global. Este ha sido el primer acercamiento para diseñar una política común de desarrollo informático para una región específica en el mundo y, junto con ello, tiene la peculiaridad de señalar prioridades capaces de articular pasos similares en cada país.

Martin Bangemann es vicepresidente de la Comisión Europea con Atribuciones en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su ya célebre Reporte, preparado para la reunión del Consejo Europeo en junio de 1994 en Corfú, estableció diez usos considerados como de interés especial para Europa en la supeautopista de la información, con metas muy precisas en cada uno de ellos. Se trata de una lista de tareas que, por sí misma, es bastante explícita sobre las utilidades que para el desarrollo económico y la administración pública puede tener la interconexión transregional. Son las siguientes.

A) Trabajo a distancia. Creación, en 20 ciudades para finales de 1995, de centros pilotos que involucrarían a 20 mil trabajadores, con la meta de 10 millones de empleos a distancia para el año 2 000.

B) Enseñanza a distancia. Proyectos pilotos en por lo menos cinco países, capaces de ser utilizados por 10 por ciento de las empresas más pequeñas y las empresas públicas, para 1996.

C) Red de universidades y centros de investigación. 30 por ciento de las universidades y centros de investigación europeos, a estar vinculados por comunicaciones avanzadas para 1997.

D) Servicios telemáticos para pequeñas y medianas empresas. 40 por ciento de ellas estarían empleándolos para 1996.

E) Control del tráfico en carreteras. Un sistema para la vialidad transeuropea, conectado para el año 2 000.

F) Control del tráfico aéreo. Un sistema transeuropeo funcionando antes del 2 000.

G) Redes de atención médica. Vinculación a escala europea, de proveedores de estos servicios.

H) Licitación electrónica. Una masa crítica de 10 por ciento de las autoridades adjudicadoras de contratos públicos, para ser empleada en los siguientes dos o tres años.

I) Red de administración pública transeuropea. Intercambio de información en materia de impuestos, aduanas y derechos, estadísticas, seguridad social y atención a la salud, establecido para 1995-1996.

J) Autopistas urbanas de la información. En cinco ciudades europeas con más de 40 mil hogares por ciudad, para 1997.³²

En sus consideraciones iniciales el Reporte Bangemann, elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre la Sociedad de la Información, considera que el desarrollo informático no ha de ser entendido como privilegio de unas cuantas empresas. La apertura que sugiere estaría, así, lejana de la idea --tan arraigada en núcleos empresariales poderosos de América Latina-- de que liberalización equivale a competencia sin regulaciones. Se dice, así, textualmente:

"El Grupo reitera la convicción de que el progreso tecnológico y la evolución del mercado implican que Europa debe romper con políticas basadas en principios que pertenecen a una época anterior a la revolución de la información.

"El factor principal del surgimiento de nuevos mercados es la necesidad de un nuevo entorno reglamentario que permita una competencia plena. Se trata de un requisito indispensable para movilizar el capital privado necesario para la innovación, el crecimiento y el desarrollo.

"Para funcionar adecuadamente, el nuevo mercado requiere que todos los agentes estén capacitados para participar con éxito, o al menos, que no inicien su participación con desventajas importantes. Todos deben ser capaces de actuar conforme a normas claras, dentro de un marco único, justo y competitivo.

"El Grupo recomienda a los Estados miembros acelerar el actual proceso de liberalización del sector de telecomunicaciones por los siguientes medios:

• abrir a la competencia las infraestructuras y servicios que aún se encuentren sometidos a monopolios;

• eliminar los obstáculos políticos y las obligaciones presupuestarias no comerciales impuestos a los operadores de telecomunicaciones;

• establecer calendarios y plazos claros para la aplicación de medidas prácticas que permitan alcanzar estos objetivos."³³

El Reporte Bangemann, como veremos más adelante, articuló no sólo un principio de políticas comunes dentro del ambicioso proceso de integración de los europeos. Además, fue punta de lanza para promover una conciencia informática que, en Europa al inicio de los años 90, habitualmente era vista como lejana aspiración futurista o como prescindible extravagancia costosa. Poco a poco, sobre todo a partir de la insistencia del gobierno de Alemania, fue desarrollándose la idea de que ningún intento de integración, pero especialmente ningún proyecto para redimensionar a Europa en las nuevas condiciones del mundo, tendría éxito si no contaba entre sus elementos principales el componente de la interrelación informática.

 

Corfú y Bruselas: técnica y ciudadanos

A partir de las reflexiones propiciadas en Corfú, los órganos de coordinación de la Unión Europea profundizaron sus propuestas relativas a la sociedad de la información. En julio de 1994, la Comisión encargada de conducir tales tareas elaboró un Plan de Actuación que, ahora, detalla medidas técnicas para tratar de uniformar los servicios de información con el fin de facilitar la transmisión de datos y la interconexión de redes. Además, allí se enuncian problemas como los de propiedad intelectual y privacía, entre otros. Estos documentos cada vez tienen que ocuparse de asuntos más técnicos: los formatos de las redes digitales, la creación de canales de banda ancha en los que se puede conducir información audiovisual, las especificaciones de las transmisiones por satélite y en general de los servicios de telefonía propicios para tender una superautopista propia y enlazarse de manera óptima con las que ya hay en el mundo, entre otras cuestiones. Pero al mismo tiempo, no pierden el aliento conceptual relacionado con los contenidos de los mensajes, los fines educativos y culturales y los aspectos legales y éticos que suscita la expansión de las redes cibernéticas.

Esa misma congruencia se puede apreciar en las Conclusiones de la conferencia ministerial del G7 sobre la sociedad de la información, que sirvió de base a un encuentro de los ministros de las naciones más industrializadas del mundo con miembros de la Unión Europea, en febrero de 1995, en Bruselas. Allí se dice, como marco de referencia para una muy interesante colección de preocupaciones, que:

"Los avances conseguidos por las tecnologías de la información y las comunicaciones originan cambios en nuestra forma de vida: la forma en que trabajamos y comerciamos, el cómo educamos a nuestros hijos, cómo estudiamos e investigamos, la formación que recibimos y las diversiones que disfrutamos. La sociedad de la información no sólo afecta las relaciones entre las personas, puesto que exige, además, organizaciones más flexibles, abiertas a la participación y descentralización."

Allí hay una concepción optimista, que no deja de hacerse cargo de problemas jurídicos, técnicos e incluso sociales y políticos, pero que insiste más en las bondades que en los peligros de la comunicación cibernética y las tareas relacionadas con ella. La idea de que la competencia y la inversión privada serán el aliciente primordial de esa sociedad de la información, no soslaya la necesidad de que su expansión esté al servicio de los ciudadanos. El papel de los estados nacionales no se menciona de manera explícita, a no ser como promotores indirectos de toda esa nueva fase, pero es evidente que sin gobiernos que la impulsen y regulen no habría tal sociedad de la información. El hecho mismo de que esas declaraciones surgieran de un encuentro de gobernantes y no de una convención de empresarios, da cuenta de que, pese al discurso reivindicador del mercado como motor de la nueva era informática, el papel del poder político sigue siendo inevitable. Por su importancia en sí mismo, pero además por la utilidad que puede tener como ejemplo para el diseño de políticas nacionales y regionales en países como los de América Latina, reproducimos íntegro dicho documento, como Anexo 2 de este trabajo.

 

El toque francés y la Infovía española

De manera paralela a los pasos de integración a partir de las conexiones en redes y sus usos variados, en cada una de las naciones europeas se desplegaron proyectos peculiares. En Francia, desde los años ochenta se popularizó el uso del minitel, una red de información básica que llegaba por vía telefónica a pequeñas terminales instaladas en cada hogar, especialmente en las zonas urbanas. A través del minitel, los franceses consultan el directorio telefónico, se enteran de horarios de espectáculos y transportes, conocen algunas noticias recientes y efectúan compras con cargo a sus líneas de crédito. Es, por así decirlo, un Internet en miniminiatura. Desde luego no tiene la versatilidad de las redes electrónicas más recientes, pero fue pionero en este tipo de comunicación para integrar a una sociedad en torno a intereses y servicios comunes.

Por lo que toca a su política informática para el resto de los 90 y de cara al siglo XXI, los franceses han tenido sus propias metas y deliberaciones. Un reporte presentado al gobierno francés por el especialista Gérard Théry, con el título Las autopistas de la información, propuso una lista de nuevos servicios en la SAI, entre los cuales se encontraban los siguientes:

A) Nuevas oportunidades de publicación electrónica para las compañías francesas editoras de periódicos y libros, desde las noticias e indicadores financieros hasta trabajos de referencia y soporte.

B) Nuevas actividades audiovisuales, combinando la televisión y las telecomunicaciones, incluyendo turismo, publicidad, el mercado de arte, el transporte.

C) Videojuegos.

D) Comunicaciones internegocios y entre oficinas administrativas del Estado para asuntos fiscales, de seguridad social, etcétera.

E) Transacciones comerciales con el público, lo mismo bancos, que compañías de seguros y servicios de venta a domicilio: todos juntos podrían producir una auténtica mutación de la sociedad y llegar a ser "una clave para el desarrollo en las sociedades postindustriales".

F) Mejorar el cuidado de los ancianos.

G) Renovar "la gran tradición francesa del servicio público" en asuntos de educación, medicina, bibliotecas y museos.

H) Nuevos servicios de telecomunicación, "especialmente el videófono".³⁴

Llama la atención el contraste entre el frío y preciso utilitarismo que el Reporte Bangemann encuentra para la superautopista informativa Europea y el espíritu humanista, incluso flexible y lúdico, del documento Théry. Aunque sus propósitos son similares, el primero destaca el apoyo informático para la infraestructura laboral, educativa y logística, en tanto que el otro antes que nada pone el énfasis en las utilidades de las redes informáticas en la creación de nuevas formas para la propagación de la cultura. El documento francés, en la mejor tradición del iluminismo que no está reñido con el humanismo, contempla enfoques modernos para la lectura, el arte, la protección de sectores sociales como los ancianos y no deja de incluir tareas de comercialización financiera y de reforzamiento de la administración pública. Son dos enfoques, no necesariamente contrapuestos, que sirven como ejemplo de lo que pudiera ser una política informática en países de otras regiones.

El caso español se menciona en numerosos sitios de este libro. Para el final de 1995 se estimaba que había unos 150 mil españoles conectados al ciberespacio³⁵, por distintas vías comerciales, institucionales o académicas. En enero del 96 se abrió la Infovía, la primera superautopista cibernética en ese país, a cargo de la Telefónica de España y que, inicialmente, contaba con la participación de 119 empresas que ofrecían variados servicios de información y venta. Allí se podía encontrar desde La Tienda en Casa de El Corte Inglés, hasta servicios bancarios, de información cultural y local (como, entre otras, la página del Ayuntamiento de Barcelona) y posibilidades de acceso a proveedores de conexiones a otros espacios de la Internet .³⁶

A diferencia de la expansión de firmas comerciales y negocios de toda índole (incluso algunos muy nuevos y originales) como está sucediendo en Estados Unidos, en Europa el desarrollo de las redes cibernéticas tiene ritmos y pautas diferentes. Si bien las opciones de compraventa están presentes y en buena medida permiten financiar la expansión de la presencia europea en el ciberespacio, hay ingredientes de otro tipo, como reconocía, en un recuento del crecimiento de la Internet, la revista Newsweek: "Pase lo que pase, el futuro de Europa no será idéntico al de Estados Unidos. Las compañías europeas quizá nunca puedan rivalizar con las estadounidenses, pero la revolución digital será mucho más que negocios. Será cultura y ello creará nuevas vías para que las comunidades se unifiquen --incluso debilitando a los gobiernos--".³⁷

 

La sabiduría japonesa

Una experiencia más, también a evaluar en sus resultados en el futuro pero respecto de la cual se pueden mencionar sus orientaciones iniciales, es la que se ha puesto en práctica en Japón. En ese país, la irrupción de la Internet y sus derivaciones tuvo lugar relativamente tarde pero como en tantas otras áreas de las nuevas tecnologías, especialmente cibernéticas, los japoneses han procurado recuperar con rapidez la ventaja que les llevan otras naciones. También en 1994, en mayo, los japoneses tuvieron su proyecto de desarrollo para el ciberespacio, a cargo del ministerio de Correos y Telecomunicaciones. Si lo comparamos con los dos documentos antes mencionados, el europeo y el específicamente francés, podría considerarse que el plan japonés tiene una mezcla de pragmatismo económico y sensibilidad social. Su título mismo es paradigmático de la cultura en donde se origina y de los propósitos que, al menos en el papel, se esperaría cumplir en la intensificación del uso de las superautopistas informativas: "Reformas Hacia la Sociedad Creativa Intelectualmente del Siglo 21".

En ese documento se mencionan las siguientes áreas, que serían atendidas por el Programa para el Establecimiento de un Alto Desarrollo de la Infraestructura en Info-Comunicaciones:

A) Trato con una población anciana, en un país en donde para el año 2101 se espera que 21 por ciento de la población tenga más de 65 años.

B) Rectificar la sobreconcentración en áreas urbanas; en la actualidad 25 por ciento de la población está ubicada en el área mayor de Tokyo y 60 por ciento de las compañías japonesas más grandes operan allí.

C) Reforma de la estructura económica del Japón, para compensar la salida de manufacturas al extranjero.

D) Lograr un estilo de vida confortable, que represente un cambio más allá del bienestar material, rumbo a la calidad de vida espiritual.

E) Reformas hacia una sociedad más abierta, especialmente abierta al comercio exterior.

F) Promoción del entendimiento mutuo de las culturas entre Japón y otros países.

G) Atención a los problemas ambientales.³⁸

En este proyecto de desarrollo informático se contemplan también valores que no se limitan a la acumulación financiera, el intercambio comercial o la solidificación del Estado. La sociedad, entendida como deseablemente "más abierta", la vida que se busca sea "más confortable" e incluso la "calidad de vida espiritual", son prioridades que desde luego tendrían que traducirse en propuestas y medidas más específicas. Pero no dejan de llamar la atención las miras altas que, según ese Programa, se buscaría satisfacer con una política de intensa promoción de la informática.

Los japoneses, sin haber participado directamente en la creación ni en la expansión de las redes, están convirtiéndose en usuarios interesadamente ávidos. En el transcurso de 1994, el uso japonés de las redes se duplicó, para alcanzar 2 millones de nipones con direcciones de correo electrónico y 1,524 redes ligadas con la red global. En ese año, la presencia japonesa en el intercambio de mensajes electrónicos llegó a equiparar la de Francia, Alemania o Gran Bretaña. Uno de los impulsores de la presencia de ese país en el tráfico internacional de mensajes electrónicos, Jun Munrai, director de Internet Iniciative Japan explicaba, a su manera: "Cuando el japonés ve que algo es nuevo y conveniente, lo vuelve popular con gran rapidez".³⁹ Posiblemente hubiera alguna contradicción entre la sabiduría manifestada en el programa de Reformas para la Sociedad Creativa y el utilitarismo, más cerca de la obsesión consumista, que parece definir al menos a buena parte del crecimiento en la presencia japonesa en la Internet. El promotor Munrai ha sido denominado "el samurai de la Internet" como expresión de la agresividad que su empresa y sus colegas se proponían desplegar en el avance japonés dentro de las redes.

 

¿Patrimonio de la humanidad? Convicción, necesidad o coartada

No se puede prescindir del Estado. En algunas ocasiones se hace demagogia con la suposición de que las fuerzas del mercado se bastan para moderar el intercambio dentro de la sociedad. En otras, se pretende que el Estado se basta sólo para proveer y regular. Ninguno de ambos extremos ha funcionado en incontables experiencias históricas, de tal suerte que con o sin nuevas corrientes de interpretación y organización de los sistemas políticos, pareciera claro que el Estado tiene tareas insustituibles, de la misma forma que la sociedad necesita garantías --y reglas-- para desplegar sus mejores capacidades.

En el caso del ciberespacio puede considerarse que no habría navegación posible --Internet no hubiera existido-- de no ser por los patrocinios estatales. Fue debido al interés estatal, primero con fines bélicos, luego académicos y más recientemente con el propósito de estimular el intercambio de información y crear un soporte a la educación, que en varios países la Internet nació y creció. Así sucedió especialmente, pero no sólo, en Estados Unidos. Es ese interés surgido a su vez de la necesidad de la sociedad para que existan regulaciones capaces de impedir, o al menos moderar, la preponderancia de los consorcios más fuertes, el que requeriría de una intervención estatal constante en el impulso a políticas específicas de crecimiento, diversificación, promoción y regulación de las redes.

Cuando decimos regular no queremos decir imponer, vetar ni censurar. La regulación deseable por parte del Estado, en el tema que nos ocupa, consiste esencialmente en facilitar el acceso equitativo de los individuos y empresas interesados en ello, a la infraestructura para la comunicación cibernética: equipo de cómputo, módems y muy especialmente, líneas telefónicas en cantidad y calidad suficientes.

El Estado tiene responsabilidades que nadie puede sustituir, en el mantenimiento y la ampliación de condiciones materiales, así como el acceso de los individuos y grupos de la sociedad a la comunicación por redes electrónicas. Pero además, hay asuntos ligados con la soberanía de cada país que obligan a la atención estatal.

Ningún medio, como las redes, permite no sólo la divulgación de mensajes capaces de cruzar fronteras sin barrera posible, sino además la retroalimentación entre ciudadanos de uno y otro países. Además de la información unidireccional, de un punto a muchos, que hay en medios convencionales como la televisión y la radio, en el ciberespacio existe posibilidad de interacción constante, creciente y en todos los niveles. Junto con ello, se encuentra la viabilidad técnica para que un país pueda querer influir sobre otros. Eso, podría decirse, ocurre también con todos los medios: la radio estadounidense ejerció poderoso efecto sobre las sociedades europeas del Este durante la postguerra, o en el sudeste asiático. Y no se diga del predominio mundial del modelo estadounidense de televisión.

En el caso de las redes, tenemos el hecho adicional de que tienen posibilidades para llegar a cubrir, o al menos identificar, los intereses específicos de cada ciudadano que se conecta a ellas. Además, en ellas pueden transitar archivos con información que pudiera ser relevante para el interés estratégico de una nación.

La pertinencia de que existan políticas estatales como las antes señaladas (y que en algunos casos se cumple en experiencias como las europeas y japonesa que hemos mencionado páginas atrás) oscila entre la expectativa entusiasmada ante la maravilla de la democratización electrónica y el reconocimiento preocupado de las limitaciones que puede tener un ciberespacio dominado por los más poderosos.

Ante el dilema de quién o quiénes son propietarios del espacio cibernético, las grandes naciones han reaccionado con inusitado comedimiento. Quizá están aprendiendo lecciones derivadas de la voracidad con que, en tiempos no muy lejanos, mostraron los gobiernos más poderosos cuando se trataba de distribuir las posiciones para colocar satélites en órbita sobre la Tierra o, poco antes, al repartir los sitios para ocupar segmentos del espectro radioeléctrico, en el cual se propagan las señales de radio y televisión. En esos casos, importantes gobiernos de Norteamérica y de Europa buscaron quedarse con los sitios más importantes, propiciando larguísimas discusiones en los foros internacionales donde se ha buscado dirimir tales asuntos.

 

En el caso del espacio cibernético, al menos en un comienzo ha existido una actitud diferente. Quizá en ello influye el hecho de que, en sus inicios recientes, la Internet se desarrolló en un espíritu de fraternidad y camaradería, propio del ánimo que prevalece en los ambientes universitarios en donde surgió y de los usuarios ligados fundamentalmente al mundo académico. Además, al menos todavía, las dimensiones del ciberespacio son ilimitadas, pueden crecer constantemente y aún no ha sido necesario que se definan parcelas de propiedad específica dentro de él.

 

Como quiera que sea, la idea de que el espacio cibernético y sus posibilidades son de todos, ha sido una distinción importante en este medio de comunicación e interrelación, a diferencia de otros. A partir de insumos como el ya citado Informe Bangemann, delegados del Grupo de los Siete se reunieron en Bruselas, en febrero de 1995, para discutir la evolución de las superautopistas de la información. Es muy interesante el carácter de patrimonio de la humanidad con que, de entrada al menos, asumieron a ese recurso informático y cultural. Una revisión de lo que allí se dijo, consideraba y citaba:

 

"El servicio universal es fundamental para la sociedad de la información... Si vamos a ver una auténtica superautopista global de la información, por definición, cada ciudadano debe contar con alguna forma de acceso a ella. La anfitriona de la cumbre, la Comisión Europea, entiende a este iluminador servicio universal como una filosofía nodal en el documento principal de la Conferencia:

"El acceso a la información es un derecho básico de cada ciudadano... Los beneficios de la sociedad de la información no deben ser limitados a los negocios, sino que debieran estar disponibles al conjunto de la sociedad. La cohesión social, tanto en un contexto nacional como a escala mundial, requiere que todos los ciudadanos, dondequiera que vivan, puedan beneficiarse de la información esencial a un precio razonable."⁴⁰

 

Desgobernación en EU,¿improvisación en América Latina?

Pero esa disponibilidad depende de que existan recursos y reglas. Los primeros están supeditados al desarrollo de cada país y a la importancia que cada gobierno y sociedad le confieran al desarrollo de la comunicación electrónica y sus posibilidades. Las segundas dependen de que haya legislaciones nacionales e internacionales, así como decisiones de Estado capaces de propiciar (o al menos intentar) que las redes no se queden sólo en manos de las élites que en cada país sean capaces de manejarlas y usufructuarlas.

 

En América Latina hay un desarrollo tardío pero sobre todo desigual de la cibercomunicación. Por un lado, se trata de un recurso al que se sigue viendo como exótico y complejo. Por otro, la construcción de la infraestructura capaz de conducir los mensajes por este medio tiende a quedar supeditada, como ya mencionamos, a poderosas empresas privadas. No sirve de nada asustarse o lamentarse ante esta situación. Es preciso tomarla como la realidad que es, tanto en la construcción de las reglas y costumbres que hagan falta, como para la reflexión sobre los beneficiarios de la expansión del ciberespacio.

 

Las redes y sus capacidades comunicatorias, vale repetirlo para insistir en la importancia del manejo de sus componentes, son posibles gracias a la comunión entre computadoras y teléfonos. La industria del equipo de cómputo ya se encuentra, de por sí, condicionada por el interés de las grandes empresas capaces de diseñar, fabricar y comercializar hardware y software. La telefonía, por su parte, se encuentra sometida a un prácticamente irreversible proceso de privatización. El ciberespacio, si bien no siempre de manera directa, se traduce antes que nada en negocios para quienes venden el equipo que hace posible la navegación en las redes o para quienes facilitan la conexión a ellas.

 

La infraestructura comunicacional, en casi todos los países, tiene ya cimientos a partir de los cuales se pueden edificar nuevos soportes a las redes de información; persiste el dilema, que sólo puede resolverse en cada circunstancia, sobre el peso que la inversión estatal puede y/o debe tener, al lado de la de carácter privado. En todo caso, insistimos, ese no parece constituir un asunto que pueda resolverse sólo a partir de los criterios gubernamentales, aunque desde luego tampoco de acuerdo con las veleidosas pero interesadas fuerzas del mercado.

 

Con frecuencia, las grandes empresas de capital fundamentalmente doméstico han crecido a pesar de las necesidades nacionales, sobre todo de carácter social, más que compartiéndolas. De esta manera, los privilegios y oportunidades que pudieran tener en el funcionamiento de las telecomunicaciones (que, insistimos, no son sólo negocio, sino una de las extensiones contemporáneas de la cultura) las empresas privadas, antes que nada tienen que ganárselos. Esa premisa, que vale para los negocios locales, con más razón es pertinente en el caso de las inversiones extranjeras.

 

Un cambio de actitud deseable tendría que producirse entre las empresas locales, sobre todo en aquellas situaciones en las que el mercado ha estado dominado, o de plano acaparado, por una sola firma o un grupo cerrado de firmas, como sucede frecuentemente en las telecomunicaciones. Se ha dicho al respecto, desde posiciones comprometidas con puntos de vista empresariales: "Los gobiernos de la región no pueden ignorar su misión de ser los promotores de las tecnologías más útiles para las economías nacionales. Los monopolios privados y públicos no deben oponerse testarudamente a la competencia".⁴¹

 

Otro cambio de actitud está ocurriendo en el apoyo estatal a las redes de información. En Estados Unidos, el gobierno durante dos décadas y media subsidió a la Internet. Apenas ahora, ante el crecimiento de la red de redes, que ha implicado la comercialización de una buena parte de sus usos, se ha considerado la posibilidad de privatizarla, en parte o toda. Es un asunto a debate en aquella nación, en donde las comunidades académicas sienten suya a Internet (y, de hecho, así es aún en buena medida) como uno de sus derechos ya adquiridos y cotidianamente ejercidos. Se ha estimado que cada año, el subsidio a Internet alcanzó los 12 millones de dólares.

 

Evidentemente, el financiamiento público ha tenido un efecto decisivo en el éxito de las redes electrónicas. Sin el patrocinio gubernamental, que sobre todo en Estados Unidos permitió que Internet y sus afluentes crecieran, primero en las universidades y luego en otros sectores, la red de redes no hubiera tenido el crecimiento geométrico que ha experimentado, sobre todo ya en los años noventa. Sin embargo, cada vez son más las voces que desde la administración pública en ese país sostienen que el gobierno debe dejar de patrocinar indiscriminadamente a la Internet. Tales opiniones coinciden con las de quienes defienden la expansión de las redes privadas, que cada vez contemplan con mayor interés y voracidad la posibilidad de no sólo crecer en sus espacios accesibles sólo mediante una cuota financiera, sino incluso en los espacios públicos de las ciber-redes.

 

En la primavera de 1995, Washington dio los primeros pasos, aún tentaleantes pero en un claro rumbo privatizador, para irse alejando de Internet, al menos en parte. El 30 de abril fue suspendido el patrocinio a las tareas en informática sostenidas hasta entonces por la Fundación Nacional de la Ciencia, considerada como "la principal dependencia científica y técnica del gobierno federal, que ha otorgado una cifra estimada de 12 millones de dólares en subsidios anuales a 2 mil universidades, instituciones de investigación y organismos gubernamentales". Instituciones como ésas fueron prevenidas tiempo antes para que buscaran apoyos en redes privadas. La Fundación iniciaría entonces una red alternativa de alta velocidad, destinada exclusivamente para científicos y académicos, tratando de rescatar una de las funciones originales de la Internet.

 

De esa manera comenzó el fin del apoyo federal a la expansión de Internet, iniciada alrededor de 26 años antes. Un funcionario de la Sociedad Internet, la institución que congrega a científicos de todo el mundo interesados en el desarrollo de las redes, consideró que era un paso plausible: "Es una fortuna para la comunidad Internet. Permite una robusta competencia entre muchos proveedores que podría dar como resultado precios más bajos y un mejor desempeño conforme los servicios compitan entre sí por el tráfico, los usuarios y la cobertura geográfica". Sin embargo, las consecuencias que podía alcanzar esa decisión gubernamental no eran del todo claras. No significó un alejamiento total del gobierno estadounidense respecto de las redes: los espacios de servicio y consulta como la Biblioteca del Congreso y la Casa Blanca, se mantendrían y ganarían nuevo impulso.⁴² Pero esas son zonas del ciberespacio que se pueden consultar lo mismo a través de los afluentes tradicionales de Internet --desde redes universitarias o de instituciones públicas-- que desde servicios privados. Quizá la consecuencia mayor fuera el efecto demostración que esa política de privatización de las redes pudiera tener en otros países. En Estados Unidos, el gobierno se podía dar el lujo de retirarse del fomento directo a la comunicación cibernética porque, al mediar la década de los noventa, ya existía una infraestructura sólida y de crecimiento prácticamente asegurado, tanto en instituciones académicas como por parte de los servicios comerciales. Aún así, esa era una decisión discutible.

 

En países en desarrollo, como los de América Latina, la abstención estatal respecto del impulso a las redes podía significar, en caso de ocurrir, un estancamiento histórico.

En esta región, no hemos tenido un interés gubernamental parecido al de naciones desarrolladas. Por un lado, cuando hemos advertido la utilidad de Internet, nos hemos colgado de esa red de redes, aprovechando el subsidio que le otorga el gobierno estadounidense y, casi siempre, con el patrocinio local de universidades públicas. Por otro, prácticamente no hemos sido capaces de crear opciones parecidas, con una interacción entre la academia y los negocios, entre los usos comerciales y no comerciales, los privados y los públicos. O los intentos que hay, son muy modestos.

 

En todos o casi todos los casos latinoamericanos, no hay condiciones para que los gobiernos, como el de Estados Unidos, se ausenten del patrocinio a las redes de comunicación electrónica, por la sencilla razón de que en nuestros países ese apoyo prácticamente no ha existido. Lo pertinente es avanzar hacia donde se encuentran otras naciones en materia de información electrónica, no pretender el retorno de un punto al que no hemos llegado.

Respecto de todos estos desafíos, los países de América Latina suelen ser desprevenidos. Por un lado, es evidente que las carencias sociales más urgentes dejan en un término muy secundario a los asuntos del desarrollo tecnológico y más aún, tratándose de novedades aún insuficientemente entendidas como las de la circulación de información electrónica. Pero además, suele ocurrir que los pocos recursos al respecto se empleen de manera dispersa, lo mismo en el plano nacional de cada país que en el espacio regional.

 

De esta manera, ha sido como los principales esfuerzos para crear sitios latinoamericanos en el ciberespacio han sido emprendidos por instituciones universitarias, o por empresas privadas. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México es pionera en este campo y todavía a mediados de la última década del siglo ha conservado el liderazgo: el servidor de la UNAM es empleado por numerosas instituciones, tanto académicas como, el algunos casos, también privadas. Entre las primeras compañías particulares que han ofrecido servicios al público de este país se encuentran SPIN, Internet (denominación de una empresa privada) y Compuserve de México y, después de ellas, varias docenas más. La crisis económica de 1994-1995 y el consiguiente desajuste en la paridad del dólares respecto del pero, postergó otros proyectos, como el de America On Line para ampliar sus servicios a México.

 

Por lo general, en otros países latinoamericanos el único acceso a las redes es a través de enlaces con pequeños nodos de empresas estadounidenses, o por conexiones también modestas a servidores universitarios que no siempre están ligados a todo el espectro de Internet. En la World Wide Web, por ejemplo, el desarrollo de servidores latinoamericanos estuvo inicialmente restringido a dos o tres países.

 

En Brasil la situación en las redes, a escala menor, muestra menos proclividad a ser dominada por el espíritu privatizador. Embratel, empresa estatal, comenzó apenas a la mitad de la década de los noventa, con una red que abarcaba inicialmente sólo 250 usuarios. Para 1996 estimaba tener conectados ya a 12 mil suscriptores y en dos años más, a 120 mil. La mencionada empresa ofrecía servicio de conexión a velocidades relativamente altas, de 28, 800 bits por segundo, pero se enfrentaba, entre otras dificultades, al costo alto de las líneas telefónicas: cerca de 5 mil dólares cada una.⁴³

 

En Argentina, otra empresa pero en ese caso privada, Telintar, controlada por las compañías Argentina y Telecom, era la única autorizada para ofrecer servicios de transmisión de datos, incluyendo las conexiones a Internet. Es decir, en ese esquema está autorizado el funcionamiento de pequeños servicios de correo electrónico y de tableros de boletines electrónicos, pero no así el acceso a espacios como la WWW, excepto si se hace a través de Telintar.

 

En Chile dos proveedores ofrecían, en 1995, acceso a Internet. Uno de ellos es la Red Universitaria Nacional, ligada a la Universidad de Chile. El otro, la Red de Computadores de la Universidad Católica. "Según la Internet Society, Chile es el tercer país de la región en cantidad de puntos de conexión (actualmente llegan a 4 mil) y experimenta la tasa de crecimiento más alta de América Latina".⁴⁴

 

Incluso la información sobre estas experiencias es notablemente limitada. En las redes mismas, o en otros espacios de intercambio gubernamental y/o académico, es posible encontrar abundantes detalles sobre el desarrollo de las redes en Asia, en Europa y desde luego en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, los datos sobre América Latina llegan a ser auténtica extravagancia. Más aún, lo son los intentos para llegar a tener en este campo una política conjunta, o al menos coherente, por parte de las naciones de nuestra región.

 

Cooperación, una fórmula difícil pero imprescindible

Con frecuencia, la cooperación entre los países latinoamericanos --hay que reconocerlo-- se queda en los discursos y no trasciende a las políticas específicas. En cambio, en otras latitudes ya hay pasos para la creación de medidas comunes respecto de la información electrónica. Estados Unidos, Japón y los Tigres que se han revelado como potencias económicas en Asia, han tomado el impulso de políticas de Estado para la propagación de redes de datos, como prioridades muy destacadas. No hay alianza formal porque la competencia mutua se impone a los intentos de cooperación, pero existe un bien conocido flujo de información y sobre todo de intercambio y apropiación tecnológicos.

 

Europa ofrece la mejor experiencia de construcción de una política común. En junio de 1994 el Consejo de Ministros de la Unión Europea, reunido en Corfú, aprobó la creación de un Consejo especial dedicado a construir la sociedad de la información en Europa. Esta sociedad ha sido entendida como "un sistema económico-social que utilice de forma óptima los recursos fundamentales del futuro, que serán cada vez más la mente, la inteligencia y el conocimiento".⁴⁵

Los países latinoamericanos podrían encontrar fuente de inspiración y sugerencias en el Informe Bangemann que el comisionado de ese apellido entregó al Consejo de la Unión Europea. En ese documento, descrito páginas atrás, se proponen políticas de cooperación entre empresarios privados y gobiernos, en diez áreas específicas de aprovechamiento de las redes de información que van de la educación a la salud, desde el tránsito por carretera hasta las interconexiones para pequeñas empresas, desde las administraciones gubernamentales hasta las decisiones en las ciudades.

Después de Corfú, en octubre de 1994 se reunieron en Madrid mil 500 expertos para revisar las conclusiones Bangeman y el Libro Blanco. La nota periodística que informaba de ese encuentro consideraba que, allí, "se esconde el proyecto más ambicioso con que Europa se propone hacer frente a la ofensiva lanzada en el campo del multimedia y de las autopistas de la información por Bill Clinton y Al Gore en Estados Unidos".⁴⁶

En junio de 1995 se anunció la interconexión de diez ciudades europeas a través de un sistema de comunicación electrónica capaz de soportar información digital, pero distinto de Internet. Se trata de una superautopista propia, conformada por una red de 10 mil kilómetros de fibra óptica, a través de la cual se pueden transmitir señales de computadora pero también envíos de voz e imágenes, a una velocidad mayor a otras redes. Esta autopista Europea está pensada para interconectar escuelas de telecomunicaciones e intercambiar información diversa, pero sus utilidades podrían ser mayores. Su singularidad, que es el hecho de ser paralela a Internet, es sin embargo su principal limitación. No sustituye a la conexión de los europeos con las redes fundamentalmente nutridas desde Estados Unidos, pero constituye una opción para que ellos mismos abran sus propios espacios. Una restricción nada menor es el hecho de que los usuarios no europeos no necesariamente están contemplados en ese proyecto. Inicialmente, la Autopista del llamado Viejo Continente, enlaza a las siguientes ciudades: Madrid en España; Aveiro en Portugal; Nápoles en Italia; Bruselas en Bélgica; Basilea en Suiza; La Haya en Holanda; Linz en Austria; Lymerick en Irlanda y Londres y New Castle en Reino Unido. La Universidad de Chemnitz, en el sureste de Alemania, quedó enlazada pero a través de Internet, con lo cual se redujeron sus posibilidades de recibir información de video y audio en la calidad que tendrán las otras plazas.⁴⁷

Para cualquier nación los costos de estas aventuras tecnológicas, si bien inevitables, son muy altos. Se pueden abatir, o compartir, en proyectos de cooperación. Pero esta colaboración no puede ser sólo entre gobiernos, si bien en dicho nivel resulta imprescindible. Además, las exigencias de hoy y las mismas modalidades trasnacionales de los negocios, implican que haya alianzas entre comunidades empresariales, académicas y de otros segmentos de las sociedades de cada país.

No es fácil. La falta de una cultura de la competencia empresarial, así como la extrañeza con que se suelen tomar las innovaciones tecnológicas, implican un doble rezago para el empleo de telecomunicaciones, con fines de negocios pero también en otras áreas. Dice, al respecto, la editora de una publicación especializada: "Los servicios de comunicaciones a los que sus competidores extranjeros están acostumbrados, frecuentemente son demasiado caros o simplemente no están disponibles para muchas empresas latinoamericanas. Por ejemplo, para utilizar las redes internacionales en gran parte de Latinoamérica, las empresas deben pagar tarifas prohibitivamente altas. En cambio, para sus competidores extranjeros, el uso de estas redes es barato y por eso se emplean en forma cotidiana" .⁴⁸

De hecho, la cooperación internacional entre empresas llega a significar posibilidades de expansión para ellas, junto con riesgos para sus Estados y desafíos nuevos a los gobiernos. Un ejecutivo de la filial en México de una empresa trasnacional de computadoras, nos platicaba hace poco que, para su firma, la dependencia respecto del sistema mexicano de telecomunicaciones, a cargo de Teléfonos de México y con regulación del gobierno federal, era cada vez menor. "¿Para qué pagar las tarifas de Telmex, o para qué estar supeditados a la supervisión del gobierno --nos decía-- si con una pequeña antena parabólica podemos enlazarnos directamente con uno de los satélites en donde tenemos permanentemente alquilado un transpondedor para uso de nuestra empresa?".

 

Buenos Aires: reconocer crecimientos desiguales

Asuntos como esos hacen de especial necesidad el intercambio de experiencias. Así, en marzo de 1994 se reunió en Buenos Aires la Conferencia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones que aprobó una Declaración dedicada, especialmente, a proponer políticas para la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se trata de uno de los muy escasos intentos para construir, si no políticas compartidas, al menos marcos de referencia comunes. Aunque esa reunión se efectuó en un país latinoamericano, sus efectos fueron poco sensibles en nuestros países. De cualquier manera lo que allí se dijo es rescatable, igual que ocurre con diversos cónclaves y declaraciones de encuentros internacionales. Los expertos suelen estar de acuerdo tanto en el potencial enormemente transformador, como en los riesgos de las nuevas comunicaciones cibernéticas, entre los cuales destaca la desigualdad entre las naciones. Sin embargo, esas convicciones no suelen trasminarse ni al resto de las élites gubernamentales o académicas ni mucho menos a las sociedades de cada país.

En la Conferencia de Buenos Aires se hizo una advertencia útil respecto de la colaboración entre naciones: "Cualquier cooperación estratégica para el desarrollo de las telecomunicaciones, debe reconocer los diversos niveles de crecimiento de los países en desarrollo. En tanto la convergencia entre naciones que tienen media y alta teledensidad resulta recomendable, todavía hay una creciente divergencia entre los de media y baja teledensidad. Este hecho subraya la necesidad de poner especial atención a los requerimientos de los países menos desarrollados".⁴⁹

Las alianzas, o los acuerdos por lo menos entre naciones con afinidades históricas y/o culturales parecen prudentes, especialmente a la vista de la hegemonía de Estados Unidos en la ocupación y el fomento de redes como la misma Internet. Al mismo tiempo que los usuarios, actuales o posibles, de las redes electrónicas en todo el mundo --Latinoamérica dista de ser la excepción-- miran hacia Estados Unidos en busca de nuevos desarrollos, desde países como ése las miradas de los empresarios de la informática y la comunicación se dirigen insistentemente hacia el mundo de habla española.

"Pensamos que América Latina es una de las grandes oportunidades",⁵⁰ han dicho funcionarios del sector privado refiriéndose al desarrollo posible de la computación y las redes electrónicas. Pese a las vicisitudes económicas y a la desigualdad que prevalece en nuestros países, existe un impulso hacia el desarrollo que permite prever el consumo de cada vez más productos informáticos.

En cada una de las naciones de la región existen élites interesadas y con capacidad para propiciar que la expectativa de inversionistas antes mencionada, pueda cumplirse al menos en el empleo intenso de computadoras, programas y desde luego de la comunicación cibernética. Otro factor que impulsa el desarrollo de la informática en América Latina es la presencia de empresas estadounidenses y el surgimiento de algunas de capital doméstico, para las cuales el empleo de tales recursos ahorra capital y moderniza la producción y los servicios.

Una opción que parecería natural para Latinoamérica sería el acercamiento informático con España, como puente hacia el resto de Europa. Ya, al menos, entre los españoles dedicados a estos menesteres parece haber algún interés para aprovechar e impulsar, con criterios y valores iberoamericanos, las nuevas opciones de intercambio, coutilización y propagación de información electrónica. Por ejemplo, apenas a mediados de noviembre de 1994 el entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, presentó entre uno de los puntos estratégicos para una política española de telecomunicaciones, el desarrollo de un mercado audiovisual hacia Latinoamérica. De esta manera, decía la información periodística, se lograría "aprovechar al máximo la ventaja cultural que supone ser la cuna de una de las lenguas más habladas del mundo".⁵¹

El vicepresidente Serra se refería al Acuerdo Estratégico en materia de telecomunicaciones, aprobado un mes antes por el Consejo de Ministros. Allí se consideraba que el principal valor de las telecomunicaciones no está en los componentes ni en las redes, sino en la programación y en los derechos de autor. La apuesta española por una presencia singular en las autopistas de información se desplegaría por tres ejes: "Las comunicaciones móviles de voz y datos; la generalización de la informática a distancia; y la liberalización o la apertura a la competencia de mercados tradicionalmente situados en régimen de monopolio".⁵²

El idioma español sería un elemento de identidad para una participación aventajada, de ese país, en el mercado de las naciones en donde se comparte dicha lengua. Sin duda, en estrategias como ésa, si se traducen en proyectos específicos y conjuntos, hay un amplio campo dentro del que se puede avanzar. Sin embargo, la mencionada nota periodística apunta que el vicepresidente Serra habló de "la necesidad de desarrollar el mercado audiovisual español con proyección hacia Latinoamérica" (el subrayado es nuestro). No dijo con Latinoamérica.

¿Es exagerado hablar de una posible nueva colonización? ¿Nuestras siempre erizables susceptibilidades latinoamericanas podrían considerarse violentadas por esa eventualmente agresiva y nueva incursión de la cultura y el comercio españoles, ahora a través del cable coaxial o la fibra óptica, capaces de llevar en directo la señal de la madre patria hasta nuestras computadoras? Si reconocemos que en Madrid nos llevan ventaja en materia de atención a estos temas, podemos encontrar motivos de preocupación no por el interés de los españoles sino por la indolencia de muchos gobiernos y estados latinoamericanos.

Pero, desde otro punto de vista, es posible reconocer una presencia latinoamericana, cultural y empresarialmente agresiva, en algunos espacios de la comunicación en Iberoamérica. La firma mexicana Televisa, por ejemplo, hace tiempo ha buscado propalar sus mensajes y hacer negocio entre los españoles. No lo ha conseguido, nos parece que en buena hora para ellos y para su cultura. Si hemos de aprovechar juntos mensajes y recursos, en este mundo de redes crecientemente entrelazadas, será pertinente que elijamos qué compartir. Es deseable que los mensajes que intercambiemos no sean los subproductos más baratos, en todos los sentidos, que tienen nuestras respectivas subculturas.

Desde otra perspectiva, es necesario reconocer que los instrumentos para la circulación de ideas, enseñanzas y culturas, como la superautopista de la información, tienden a estrechar al mundo. Un mensaje en Internet, dirigido por los afluentes adecuados, puede llegar de manera instantánea a centenares o millares de destinatarios, deliberados o casuales, más allá de cualquier otra frontera. Las posibilidades que así tiene la propagación de la cultura son literalmente incontables.

Pero, ¿de qué cultura hablamos, entonces? Al difuminarse por estas nuevas vías, la cultura deja de ser nacional, por lo menos en los términos convencionales. Según los parámetros conceptuales que usemos, puede considerarse que en la superautopista informativa las culturas nacionales tienden a ser influenciadas de tal manera que se desdibujan. Entonces, tendemos a construir una sola cultura universal que ahora se manifiesta en ese espacio, por definición amplio, que constituyen Internet y sus afluentes.

El papel de los organismos internacionales en la promoción de proyectos comunes, capaces de ahorrar recursos y propagar con mayor racionalidad (o con una racionalidad tal que combine intereses nacionales con requerimientos regionales, tendencialmente universales) parece cada vez de mayor importancia, en ese contexto de información que cruza fronteras de manera instantánea y cotidiana. Tales organismos, entre otras tareas, pueden crear bancos de información con criterios, metodologías y fuentes de interés peculiares, promover pautas y medidas de capacitación, así como servir de espacio para la evaluación de experiencias nacionales y el intercambio de propuestas. Entre otros rubros, resulta útil el contraste y enriquecimiento de experiencias sobre la regulación legal, y administrativa, de los recursos que facilitan la existencia de la superautopista informativa.

Después de todo, las redes son esencialmente globalizadoras. Sería absurdo (pero puede ocurrir) que los gobiernos, en este caso latinoamericanos, no hicieran nada para afrontar, conjunta o al menos coordinadamente, los desafíos que imponen estos nuevos cauces de intercambio y beneficio, pero también aturdimiento y vasallaje, que pueden ser las redes cibernéticas.         

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Notas

¹Soledad Robina, Bancos de información nacionales; la búsqueda de soberanía informativa. Cuaderno del Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, México, 1986, pág. 13.
²La idea es de John Gilbert, David Nostbakken y Shahid Akhtar, en su informe "Does the highway go south?", en Intermedia. Vol. 22, No. 5, Londres, octubre/noviembre de 1994.

³Moriyoshi Saito, "The social mission of multimedia and broadcasting: the case of co-existence", en Intermedia, vol. 23, No. 1, Londres, febrero/marzo de 1995.
⁴Bruce Willey, "Business networks in Latin America", en Telecommunications, enero de 1993.

⁵Carlos Salinas de Gortari, Sexto Informe de Gobierno. Anexo. México, 1994, pág. 278.
⁶Tom McQuaide, "Digital communications: channels to new worlds, not a collapse of culture", texto en torno a la Conferencia Anual del Instituto Internacional de Comunicaciones en Tampere, Finlandia, en Intermedia, Vol. 22, No. 5, Londres, octubre-noviembre de 1994.

⁷Bill Gates, "Información, ocio y comunicaciones", El País, Madrid, 26 de junio de 1995.
⁸Setephen J. Dalla Betta, "Telecom privatization in Latin America", Telecommunications, march 1994.

⁹Ibidem
¹⁰María Fernanda Matus, "Se unen Telmex y Televisa", Reforma, México, 21 de junio de 1995.

¹¹Víctor Cardozo, "No hay obstáculos para la alianza de Telmex con Cablevisión, dice la SCT", La Jornada, México, 22 de junio de 1995.

¹²Alicia Ortiz y Julieta Medina, "Censuran unión Telmex-Televisa". Reforma, México, 22 de junio de 1995. Entre otras opiniones, destacadas en la primera plana de esa diario, estaban las del senador del Partido Acción Nacional José Angel Conchello, quien exigía la presentación del secretario de Conunicaciones para explicar públicamente las razones de esa decisión; la del senador del Partido Revolucionario Institucional Gustavo Carvajal Moreno, para quien "al paso que vamos pederemos espacios de soberanía" y la del senador del Partido de la Revolución Democrática, Héctor Sánchez, que consideraba: "Esta asociación es a todas luces anticonstitucional". El diario Reforma dio muy especial seguimiento crítico a este asunto. La empresa que edita ese periódico, había intentado montar un servicio de transmisión digital de datos sobre la Bolsa de Valores, que fue boicoteado ante el silencio oficial de la Comisión Federal de Competencia. Sobre esa experiencia, el director del diario publicó un disgustado artículo: Alejandro Junco, "Una nueva nube en el horizonte de México", Reforma, México, 23 de junio de 1995. Se dijo que ese texto apareció también en The Wall Street Journal.

¹³Luis Rubio, "La ley y las instituciones al servicio de Telmex", en Reforma, México, 9 de julio de 1995.

¹⁴Oscar Martínez Nicolás, "Telefonía, en la antesala de la competencia", en El Economista, México, 27 de junio de 1995.

¹⁵Existen posibilidades para transmitir por radio señales capaces de ser digitalizadas, pero esa tecnología no parece tener demasiada utilidad, salvo en circunstancias muy especiales, debido a la presencia de redes telefónicas de calidad en los países en donde el desarrollo de la comunicación por Internet es más acentuado.
¹⁶Víctor Cardozo, "No hay obstáculos...", cit.

¹⁷"Aprueba el Senado brasileño la apertura en telecomunicaciones". Cable de Reuter, en El Economista, México, 4 de julio de 1995.

¹⁸Alberto Montoya Martín del Campo, México ante la revolución tecnológica. Diana, México, 1993, págs. 22-23.

¹⁹Ed Krol, Conéctate al mundo de Internet. Traducción de Hugo Edmundo García. Mc Graw Hill, México, 1995, págs. 16 y ss.

²⁰Umberto Eco, "Crítica del periodismo", traducción de Adriana Guadarrama, de un ensayo tomado de L'Unitá, en semanario de política y cultura etcétera, No. 123, México, 8 de junio de 1995.

²¹Montoya, op. cit., pág. 218.

²²Asociación Mexicana de Telemática, "Política Nacional de Telemática", en Excélsior, México, 24 de octubre de 1994.

²³Ibidem.
²⁴Gilbert, Nostbakken y Akhtar, cit.

²⁵Vicente Verdú, "La última revolución del siglo XX", El País, Madrid, 2 de noviembre de 1994.

²⁶Raymond Snoddy, "Redes de cable y satélite convergen en la demanda de comunicaciones", texto del Financial Times publicado en Excélsior, México, 17 de octubre de 1994.

²⁷Gilbert, et. al., op. cit.

²⁸Technology for America's Growth. A New Direction to Build Economic Strenght, citado por Francisco Ortiz Chaparro, "La sociedad de la información", en Julio Linares y Francisco Ortiz Chaparro, Autopistas inteligentes. Fundesco, Madrid, 1995, págs. 135 y ss.

²⁹Ibid, pág. 137. Los conceptos anteriores los hemos sintetizado de la versión que, a su vez, ofrece el investigador español Ortiz Chaparro.

³⁰Ibid., p 139

³¹Ibidem.
³²Rex Winsbury, "Destinations on the Superghyway. How the USA, the EC, France and Japan have mapped out their goals", en Intermedia, Vol. 23, No. 1, Londres, febrero/marzo de 1995.

³³Informe Bangemann, en Ortiz Chaparro, op. cit., pág. 166.
³⁴Winsbury, Ibid.

³⁵Francisco Peregil, "Españoles en Internet", en El País, Madrid, 3 de diciembre de 1995.
³⁶José F. Beaumont, "La gran 'autopista' electrónica española" en El País, Madrid, 19 de enero de 1996.

³⁷Oliver Morton, "Must Europe Always Lag the United States?", en Newsweek, Nueva York, 25 de diciembre de 1995 y 1 de enero de 1996.

³⁸Winsbury, ibidem.

³⁹Edith Terry, "Japan logs on to the Internet", en Fortune, 5 de septiembre de 1994.
⁴⁰Annelise Berendt, "Universal service: what is it, and how?", en Intermedia, Vol. 23, No, 2, Londres, abril/mayo de 1995.

⁴¹Karen Lynch, "La importancia de actuar", Editorial en Communications Week Latinoamérica, Washington, tercer trimestre de 1994.

⁴²Michelle Quinn, "Se retiró Washington de Internet". Servicio de The New York Times en Excélsior, México, 5 de mayo de 1995.

⁴³Adolfo Casari, "Internyet", en América Economía, No. 95, mayo de 1995.
⁴⁴Ibidem (Casari).

⁴⁵Bruno Lamborghini, "Un desafío cultural y social", en suplemento "Temas de Nuestra Época", El País, Madrid, 21 de julio de 1994. Lamborghini es director de Estudios y Estrategia del grupo Olivetti.

⁴⁶José F. Beaumont, "Cumbre europea en Madrid sobre las 'autopistas de la información", El País, Madrid, 20 de octubre de 1994.
⁴⁷Marta Rodríguez, "Dies ciudades unidas por la primera 'autopista' europea de la información", El País, Madrid, 27 de junio de 1995.

⁴⁸Karen Lynch, op. cit.

0⁴⁹"Buenos Aires Declaration on Global Telecommunications Development for the 21^st Century", Intermedia, Vol. 22, No. 3, Londres, junio/julio de 1994. Por "teledensidad", ese documento se refiere a la concentración de recursos en materia de telecomunicaciones.
⁵⁰Michael T. Masin, vicedirector de la empresa GTE. Citado en "The Global Free for All", Business Week, Nueva York, september 26, 1994.

⁵¹J.F.B., "Serra destaca el valos español en las 'autopistas de la información'", El País, Madrid, 15 de noviembre de 1994.

⁵²Ibidem.